El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, salió al cruce de las declaraciones del vocero presidencial Manuel Adorni y aseguró que el Gobierno nacional aún no giró los fondos correspondientes a hospitales universitarios, en medio de la creciente tensión por el financiamiento educativo y sanitario.

La respuesta llegó luego de que Adorni calificara como “falsa” la denuncia de desfinanciamiento realizada por las autoridades universitarias. Frente a eso, Yacobitti sostuvo que el Ejecutivo “pretende confundir a la gente para deslegitimar el reclamo” impulsado por las universidades nacionales.

Según explicó el dirigente radical, existe una diferencia entre las partidas destinadas al funcionamiento general de las universidades y los fondos específicos para hospitales universitarios. En ese sentido, afirmó que la partida especial para instituciones con hospitales, como la UBA, Córdoba, Cuyo y La Rioja, todavía no fue transferida por el Gobierno.

Yacobitti aseguró que se trata de alrededor de 80 mil millones de pesos contemplados en el presupuesto 2026 y remarcó que “no se giró un solo peso” para cubrir gastos esenciales vinculados a la atención médica, insumos y funcionamiento de los hospitales universitarios.

El dirigente universitario advirtió además que la falta de financiamiento ya tiene consecuencias concretas. Mencionó problemas para sostener cirugías, tratamientos oncológicos y trasplantes en centros dependientes de la UBA, como el Hospital de Clínicas, el Instituto Roffo y el Hospital Lanari.

En paralelo, Yacobitti acusó al Gobierno de intentar bajar la intensidad de la protesta universitaria antes de la movilización convocada para el martes 12 de mayo en Plaza de Mayo. “Lo único que nos queda es concientizar a la sociedad para que no se quede en la casa”, afirmó.

La Marcha Federal Universitaria volverá a reunir a docentes, estudiantes, investigadores y trabajadores no docentes en defensa del financiamiento de las universidades públicas. El reclamo incluye presupuesto para funcionamiento, actualización salarial y cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación continúa judicializada.

El conflicto entre el Gobierno y las universidades nacionales se transformó en uno de los principales focos de tensión política y social desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Mientras el oficialismo insiste en denunciar supuestos privilegios y falta de auditorías, las autoridades universitarias advierten sobre un deterioro acelerado del sistema público de educación superior y salud universitaria.