El Gobierno nacional aprobó el nuevo modelo de contrato de concesión entre el Estado y Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), en el marco de su proceso de privatización. La medida se formalizó mediante la Resolución 543/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial.

La decisión se inscribe dentro de los lineamientos de la Ley de Bases y apunta a lo que el Ejecutivo define como una “transformación de importancia refundacional” de un servicio esencial que actualmente alcanza a más de 14 millones de personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Un paso clave antes de la venta

Según se detalla en el texto oficial, era necesario contar con un contrato actualizado antes de avanzar con la venta del paquete accionario. El objetivo es establecer con mayor precisión los derechos y obligaciones tanto del Estado como del futuro concesionario.

En ese sentido, el nuevo esquema busca brindar previsibilidad jurídica a los inversores interesados. El Gobierno confirmó que se venderá al menos el 51% de las acciones a un “operador estratégico”, mientras que el porcentaje restante será ofrecido en el mercado.

Cómo será la concesión

El contrato establece una concesión por 30 años, con la posibilidad de extenderla por una década adicional. La empresa adjudicataria quedará a cargo de la provisión de agua potable y el servicio de desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense.

Entre los distritos alcanzados se encuentran Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, Escobar, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

Las etapas del nuevo esquema

El modelo aprobado contempla una hoja de ruta dividida en dos etapas. La primera es la fase de transición, que se extiende entre 2024 y 2026. Durante este período, AySA deberá cumplir con el Plan de Acción vigente, enfocado en reordenar su funcionamiento y sanear sus cuentas.

La segunda etapa comenzará en enero de 2027, con el inicio del denominado “Primer Ciclo Tarifario”. En esta fase, ya bajo gestión privada, se deberán cumplir las metas de inversión, mantenimiento y expansión de la red que se definan en el contrato.

Próximo paso: la licitación

Con el contrato ya oficializado, la Unidad Ejecutora de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas quedó habilitada para avanzar en la elaboración y publicación del pliego de licitación, tanto a nivel nacional como internacional.

Este proceso permitirá conocer a las empresas interesadas en hacerse cargo del servicio en una de las regiones más densamente pobladas del país, en un contexto donde el Gobierno busca avanzar con la reconfiguración del rol del Estado en sectores estratégicos.