El Gobierno nacional formalizó hoy la declaración del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) como organización terrorista. La medida, impulsada de manera conjunta por los ministerios de Seguridad y Justicia, implica la inclusión inmediata de este grupo en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Se trata de un paso inédito que redefine la lucha contra el crimen organizado transnacional en el país.

La resolución oficial tiene como objetivo central otorgar herramientas jurídicas para bloquear cualquier intento de flujo de capitales de la organización dentro de Argentina. Al formar parte del RePET, todos los activos, bienes o cuentas bancarias que puedan estar vinculados al CJNG quedarán sujetos a un congelamiento administrativo preventivo. Esta tarea será coordinada por la Unidad de Información Financiera (UIF) para asfixiar la logística económica del grupo.

Entre los fundamentos de la decisión, las autoridades destacaron la peligrosidad extrema y el carácter paramilitar de la estructura liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho". El Ejecutivo subrayó que el CJNG no opera únicamente como una red de narcotráfico, sino como una entidad que utiliza tácticas de terror y armamento de guerra para controlar territorios, lo que representa una amenaza directa a la seguridad institucional.

Esta medida alinea a la Argentina con estándares internacionales y fortalece la cooperación con agencias de seguridad extranjeras, como la DEA y el FBI. Al calificar al cártel como terrorista, el Estado argentino agiliza el intercambio de inteligencia criminal y permite una vigilancia más estricta sobre sectores estratégicos, como la hidrovía y los puertos, puntos clave para la logística delictiva a gran escala.

Con este movimiento, la gestión actual busca establecer un precedente legal rígido frente a la expansión de carteles extranjeros en la región. La incorporación al registro oficial no solo tiene efectos económicos inmediatos, sino que también permite que cualquier nexo local o célula de apoyo detectada en suelo argentino sea juzgada bajo los agravantes de la ley antiterrorista vigente