La Justicia resolvió este martes conceder al Gobierno nacional el recurso de apelación contra la sentencia que había declarado la nulidad del protocolo antipiquetes, lo que habilita a que la resolución continúe aplicándose mientras el expediente es analizado por tribunales superiores. De este modo, el fallo no tendrá efectos prácticos inmediatos.

Tras conocerse la decisión, dirigentes del oficialismo se expresaron públicamente para destacar el alcance de la medida. La ex ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, celebró la resolución a través de sus redes sociales: "Buena noticia: la Justicia concedió el recurso de apelación y el Protocolo Antipiquete NO se suspende. El Protocolo se seguirá aplicando, aún esté pendiente resolver la cuestión. El orden no se negocia". También se manifestó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien publicó un breve mensaje: "El protocolo anti-piquetes sigue vigente. Saludos a todos. Fin".

El planteo judicial que había puesto en duda la continuidad del protocolo se originó en un fallo dictado el lunes por el juez federal Martín Cormick, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11. En esa resolución, el magistrado hizo lugar a un amparo colectivo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Cormick no solo declaró la nulidad, sino que también sostuvo que la cartera no posee atribuciones para restringir derechos constitucionales a través de una resolución administrativa.

Luego de ese pronunciamiento, el CELS expresó su satisfacción por el fallo porque "pone límites a lo que el Ministerio de Seguridad puede hacer: no puede restringir derechos constitucionales". A esa reacción se sumaron distintas organizaciones sindicales, que difundieron comunicados y mensajes en redes sociales en respaldo a la decisión judicial.

Con la concesión del recurso de apelación, el protocolo para el "mantenimiento del orden público" permanecerá vigente hasta que exista una definición judicial definitiva. El Gobierno nacional ya había anticipado que apelaría la sentencia y defendió la continuidad de la medida como un instrumento para garantizar la libre circulación y el orden público.