Los gobernadores del Partido Justicialista hicieron público un documento conjunto en el que plantearon un fuerte cuestionamiento al rumbo fiscal del Gobierno nacional, con eje en el desfinanciamiento de las provincias y la paralización de la obra pública. El pronunciamiento sostiene que el retiro del Estado nacional trasladó responsabilidades a los distritos sin los recursos necesarios y anticipa una acción coordinada en el Congreso para discutir el esquema de distribución de fondos y el modelo de federalismo vigente.

El texto lleva las firmas de Kicillof, Insfrán, Ziliotto, Quintela, Zamora y Melella, quienes coincidieron en señalar que el federalismo constituye un pilar del sistema institucional argentino y una herramienta central para garantizar un desarrollo equilibrado en el territorio y socialmente justo. En ese marco, advirtieron que las decisiones adoptadas desde la Casa Rosada impactan de manera directa sobre las economías regionales y la capacidad de gestión de los gobiernos provinciales.

A lo largo del documento, señalaron que el repliegue del Estado nacional obligó a las provincias a sostener casi en soledad servicios públicos indelegables, sin que ese traspaso de funciones haya estado acompañado por los fondos correspondientes. Según plantearon, esa situación se vio agravada por incumplimientos financieros, deudas acumuladas y la interrupción de la obra pública en todo el país, factores que, afirmaron, profundizaron las desigualdades entre regiones.

También pusieron el foco en la evolución de la coparticipación federal y remarcaron que, desde la sanción de la ley vigente en 1988, la participación de las provincias en la distribución de recursos cayó del 58% al 42%. En ese contexto, alertaron que nuevas iniciativas del Ejecutivo nacional, entre ellas la reforma laboral que se discute en el Congreso, podrían profundizar aún más el desfinanciamiento del sistema federal.

Frente a este escenario, plantearon que el objetivo es construir mayorías legislativas amplias, más allá de pertenencias partidarias, que permitan avanzar en iniciativas vinculadas al bienestar general. En ese sentido, el documento señala que los gobernadores respaldarán proyectos destinados a fortalecer la producción, el trabajo y la educación, y que se opondrán a aquellas iniciativas que impliquen una quita de recursos o derechos a las provincias, en particular a productores y trabajadores. “Estamos convencidos de que otra Argentina es posible”, afirmaron.