La Facultad de Derecho de la UBA organizó el primer encuentro de la Red de juezas y jueces penales de la Argentina. La jornada contó con la presencia de expositores destacados como el español Perfecto Andrés Ibáñez, la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, y el profesor Maximiliano Rusconi, doctor en Derecho Penal y catedrático de la UBA.

El acto se realizó el pasado viernes 5 de diciembre en el Salón Azul de la mencionada sede de la Universidad de Buenos Aires donde se presentó el espacio conformado por magistrados y magistradas de las 24 provincias del país, incentivando y promoviendo el análisis y responsabilidad sobre el rol que debe asumir el Poder Judicial.

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Destacando que la "labor judicial no puede desarrollarse en soledad",  la jueza de la Ciudad, Natalia Ohman, presentó la Red y agradeció y especialmente al departamento de derecho penal a cargo de la Dra. Mary Belof. De esta manera, presentó un contexto adverso para el ejercicio de la profesión: donde la principal preocupación compartida que los convoca se debe a "la dificultad de ejercer plenamente la potestad jurisdiccional —ya
sea por falta de recursos, por presiones externas o por condicionamientos que adoptan formas diversas en cada región del país—, junto a una convicción común: no quedarse en el diagnóstico". 

A continuación, fue la jueza porteña Karina Andrade, quien dio apertura formal al encuentro, resaltando el trabajo sostenido junto a sus colegas, el recordado Mario Juliano (integrante del Poder Judicial de Necochea), y el juez tucumano, Mario Velázquez, durante tres años para formar la Red. Espacio que añadió que se basó en el modelo formado por -la Red de Jueces de- la Provincia de Buenos Aires, que reconoció como "un espacio consolidado, con 25 años de trayectoria y una presencia significativa en la vida pública".

La dimensión formalmente federal, fue afianzándose en sintonía al trabajo que venían realizando jueces del sur en torno a las reformas procesales, y con quienes existían lazos previamente forjados en la actividad académica. 

“Si la Corte es el último bastión de defensa del Estado de derecho, entonces quienes estamos aquí cumplimos ese rol en las etapas iniciales de los casos en los que nos toca intervenir”, declaró entonces la magistrada, Carmen Argibay.

Más tarde, jueces y juezas fueron exponiendo sobre diversos aspectos de la independencia judicial. Exposiciones que retomó para dar el cierre, el camarista de San Isidro, Leonardo G. Pitlevnik, profesor y doctor en Derecho Penal por la UBA. 

La jornada finalizó con la lectura del documento que detalla los cinco ejes del compromiso de la Red, que dio a conocer el juez de Catamarca Rodrigo Morabito, y que a continuación citamos:

1. Compromiso de quienes la integran en la tarea diaria de construir un país más justo mediante un poder judicial cercano a las personas, atento a las realidades sociales y consciente de la responsabilidad que implica decidir sobre bienes jurídicos fundamentales, víctimas que demandan justicia y personas detenidas en contextos de colapso carcelario.

2. Deber de aplicar la formación profesional y dedicar el tiempo y esfuerzo necesarios para gestionar los conflictos penales conforme las legislaciones procesales y las constituciones que cada magistrada y magistrado juró respetar. Ello implica consolidar prácticas ajustadas al marco convencional y promover un modelo de enjuiciamiento que
garantice la desconcentración de funciones y un control judicial suficiente y efectivo sobre los actos que puedan afectar derechos fundamentales.

3. Defensa de la independencia judicial como garantía de todas las personas y afirmación de la debida fundamentación de las decisiones como presupuesto de un Estado constitucional de derecho.

4. Rechazo a toda política que busque debilitar la función activa del Poder Judicial en su deber de ejercer el control de legalidad sobre las investigaciones policiales y del Ministerio Público Fiscal, así como a cualquier intento de condicionamiento mediante dependencia económica, pauperización institucional o mecanismos de designación subordinados a intereses partidarios.

5. Necesidad de un poder judicial fortalecido, con jueces y juezas penalistas profesionalizados, en formación continua y con los recursos indispensables para cumplir adecuadamente su rol institucional.

"Solo asumiendo plenamente la responsabilidad de repensar, desde una perspectiva colectiva, democrática y federal, el lugar que debe ocupar el Poder Judicial en un Estado constitucional de derecho; será posible consolidar un Poder Judicial contemporáneo, cercano y a la altura de las exigencias de la sociedad a la que debe servir", concluye la Red al comunicar el propósito de su conformación.