El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que tuvo un diálogo con su par venezolano, Nicolás Maduro. A bordo del Air Force One, rodeado de periodistas, el magnate respondió afirmativamente sobre si existió una charla con Maduro y añadió respecto del contenido: “No quiero comentar…”.

Con esa frase seca, Trump cerró una semana de especulaciones y terminó de validar lo que medios como The New York Times y The Wall Street Journal ya habían publicado. La llamada existió, ocurrió a principios de noviembre y llegó incluso a incluir la posibilidad de un encuentro entre ambos en territorio estadounidense.

La confirmación de Trump coincidió con una suba brusca en el tono de Washington hacia Caracas. El mandatario ordenó el sábado anterior lo que describió como un “cierre total del espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores”, acompañado de un mensaje explícito a aerolíneas, pilotos y “narcotraficantes y traficantes de personas”.

Para un país que ya vive en tensión por el despliegue militar estadounidense en el Caribe, la advertencia sonó a preludio de algo mayor. En Caracas circularon hipótesis de operaciones inminentes o al menos un escalón más en la presión militar.

Washington, por su parte, sostiene una narrativa cada vez más agresiva: que el gobierno venezolano tiene un rol activo en el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Caracas lo niega de plano.

Durante la charla con periodistas, Trump trató de suavizar las interpretaciones más duras.
Pidió “no leer demasiado” en su mensaje y repitió que “no era el caso” que la advertencia fuera un anticipo de operaciones. Aun así, venía de decirle a miembros de las Fuerzas Armadas que Estados Unidos podría iniciar “muy pronto” operaciones terrestres contra presuntos narcotraficantes venezolanos.

En Venezuela, el gobierno optó por una reacción contenida. Cuando fue consultado, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, le restó importancia: “Ese no es el tema del día”, dijo, y redirigió la conversación hacia otra denuncia: presuntos ataques de barcos estadounidenses en el Caribe, que el gobierno asegura estar investigando.