Nota escrita por Martín Mozotegui

La noche del viernes 15 de agosto, Juan (24) fue a Rheo, una fiesta que se hace en Crobar y de las más convocantes entre jóvenes gays de Buenos Aires, acompañado por un amigo estadounidense que estaba de visita en el país. Lo que debía ser una madrugada de diversión terminó en una pesadilla.

Alrededor de las 5.30, mientras esperaban un auto en Avenida Del Libertador y Avenida Infanta Isabel, dos hombres comenzaron a burlarse de la situación: el amigo de Juan acababa de recibir una noticia y estaba llorando, visiblemente afectado. Juan decidió defenderlo ante una situación que no correspondía y esa reacción bastó para desatar la violencia.

“Dejamelo a mí, siempre quise pegarle a uno de estos”, gritó uno de los agresores antes de comenzar con los golpes, tirarlo al piso y darle patadas en la cara. La golpiza fue tal que Juan terminó con la mandíbula fracturada. El viaje en Uber que debía llevarlo a su casa terminó en el hospital.

Hoy, Juan tiene la mandíbula inmovilizada con alambres, no puede comer sólidos y necesita placas especiales, que cuestan cerca de siete millones de pesos, para poder ser operado. “No puedo ni verme al espejo, ni que nadie me mire”, dijo.

Un patrón de violencia en ascenso 

El caso de Juan no es aislado. Según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBTIQ+, en los primeros seis meses de 2025 se registraron 102 ataques violentos motivados por odio hacia la orientación sexual, identidad o expresión de género, lo que ya representa el 72 % del total registrado durante todo 2024.

En paralelo, el Informe Global de ILGA World 2024 advierte que los discursos de odio hacia personas LGBTIQ+ aumentaron en más de 50 países, y Argentina no está exenta de esa tendencia.

Los espacios públicos se han vuelto especialmente hostiles para mujeres trans y varones gays cis. La desaparición de políticas de protección estatales y la legitimación de discursos de odio desde sectores oficiales, como funcionarios del gobierno o del propio presidente Javier Milei, profundizan el escenario.

El orgullo en jaque

El caso de Juan refleja la vulnerabilidad creciente de la comunidad LGBTIQ+ en un contexto donde la violencia, lejos de disminuir, se multiplica. A Juan no le pegaron para robarle: le pegaron por gay y podrían haberlo matado. El Estado es responsable si no solo sigue negando la realidad de las personas LGBTIQ+, sino también promoviendo discursos homoodiantes y legitimando que sectores de la sociedad sientan impunidad de golpear a un pibe por la calle por su orientación sexual o identidad de género.

Seguiremos marchando, seguiremos llenando las calles y alzando la voz hasta que esto deje de pasar. Hasta que la vergüenza la sientan ellos, no nosotrxs. 
 

Nota escrita por Martín Mozotegui