El recurso judicial fue firmado por el triunvirato de la central y advierte que la nueva legislación retrocede sobre derechos laborales protegidos por la Constitución.

La CGT presentó un recurso de amparo contra la reforma laboral
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Las transferencias erróneas involucran grandes montos de dinero, distintas personas receptoras y causas judiciales en curso con imputaciones y medidas preventivas.

Por tercera vez en el último tiempo, el Gobierno de la provincia de San Luis volvió a cometer un error en la transferencia de fondos al enviar $90 millones a un destinatario equivocado. El ministro de Hacienda, Néstor Ordóñez, detectó lo sucedido mientras viajaba hacia la Ciudad de Buenos Aires y ordenó que se localice el dinero y que se notifique a los organismos correspondientes.
Según informó el Diario La República, el desvío se atribuye a un “error de tipeo o distracción”, aunque las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas que llevaron al fallo.
Este episodio se suma a otros dos escándalos similares registrados en el último tiempo. A principios de este año, Verónica Acosta, residente de Villa Mercedes, recibió erróneamente en su cuenta $510.236.811, cuando esperaba recibir apenas $8.000, y lo utilizó para realizar compras y transferencias a sus familiares. Ante esto, las autoridades hicieron la denuncia y tanto Acosta como sus allegados fueron imputados por defraudaciones especializadas relacionadas con el uso indebido de tarjetas de débito, fraude a la administración pública y retención indebida.
En la audiencia imputativa, se fijó una fianza millonaria y se dispuso prisión preventiva para los acusados pero, a partir de información de Noticias Argentinas, el abogado de Acosta, Hernán Echeverría, confirmó que la Justicia desestimó la fianza, cuyo monto total ascendía a $30 millones, distribuidos en $5 millones para cada uno de los acusados.
Por otro lado, se conoce un segundo caso donde una persona recibió por error una transferencia de $110 millones, lo que evidencia la repetición de esta problemática en la administración provincial.

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