Tal y como se preveía, la jueza de la Corte de Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, decidió rechazar el pedido que le realizó la Argentina de suspender su fallo donde obliga al Estado a entregar el 51% de las acciones de la petrolera a Burford Capital, después de que considere que su estatización en 2012 fue irregular.

En ese sentido, según informó Infobae, la jueza comunicó su decisión sin condiciones y con críticas hacia el país argumentando que no se cumplieron con las condiciones que le permitieron a la gestión acceder a una suspensión sin garantías en septiembre del 2023. También acusó a la Argentina de “eludir sus obligaciones” con tácticas dilatorias.

"La República alega que se producirá un daño irreparable si el Tribunal no suspende su Orden de Turnover, pero cualquier supuesto daño se deriva directamente de las propias acciones de la República al retrasar e intentar eludir sus obligaciones en virtud de la sentencia", declaró la magistrada. Además, dejó en claro que "la República ha abusado de las concesiones del Tribunal y, por lo tanto, no se le otorgarán concesiones adicionales".

De esta manera, a través de sus redes sociales, Sebastián Maril, de Latam Advisors, señaló que los próximos pasos a seguir son una “reunión martes entre abogados de Petersen/Eton, Bainbridge y Argentina. Desconozco si YPF participará”. Luego, deberá haber una “decisión Corte Apelaciones sobre el pedido de Argentina de suspensión del fallo de Preska (fecha incierta)”, y continuará el 17 de julio, que es la “fecha límite para entregar acciones de YPF”. En ese sentido, agregó que, si el país no cumple, “puede haber pedido de desacato”.

Ante esto, Argentina apeló ante la Cámara de Apelaciones y tiene chances de entrar en desacato en la Corte de Preska. Esto solo sucedería si los demandantes lo solicitan y la juez lo contempla.

La última vez que Argentina fue declarada formalmente en desacato judicial fue el 29 de septiembre de 2014, en un caso impulsado por el juez Thomas Griesa del Distrito Sur de Nueva York. El tribunal determinó que Argentina estaba en desacato civil por no acatar una orden de pago de aproximadamente 1 500 millones de dólares a fondos buitre (NML Capital y Aurelius) antes de proceder con pagos a otros tenedores de bonos.

Mientras tanto, se comunicó que se ordenó la realización de una audiencia entre las partes para el martes 15 de julio por pedido de los demandantes, quienes pretenden obtener información sobre otras empresas estatales como Aerolíneas Argentinas, ARSAT, ENARSA y el Banco Central para avanzar en embargos.