En su declaración ante la Justicia, Ponti indicó que la jueza estaba al tanto del contenido desde la primera conversación.
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El TOF 2 ratificó que las visitas deben gestionarse a través de los abogados, respetando las restricciones del arresto domiciliario.
El Tribunal Oral Federal N°2 remitió a los abogados de Cristina Kirchner los escritos presentados por diputados y senadores de Unión por la Patria que solicitaron visitarla en su domicilio, donde cumple arresto domiciliario por la causa Vialidad. Los jueces Basso, Giménez Uriburu y Gorini resolvieron que corresponde a los letrados darles curso, en caso de que la ex presidenta desee recibirlos.
Los planteos de los legisladores fueron canalizados a través del tribunal, que reiteró que rige el régimen de visitas definido al momento de otorgarse la prisión domiciliaria. En ese marco, el TOF recordó que las únicas excepciones autorizadas son familiares, custodios, profesionales médicos y abogados defensores.
La defensa, integrada por Beraldi y Llernovoy, había solicitado que se precise cuál es el procedimiento aplicable cuando las solicitudes provienen de funcionarios del Poder Legislativo. También argumentaron que los fueros e inmunidades establecidos por la Constitución Nacional para diputados y senadores "no pueden ser limitados, restringidos ni reglamentados por resoluciones judiciales".
Sin embargo, los magistrados consideraron extemporáneo el planteo y ratificaron que los abogados deben tramitar cada caso particular. Según explicaron, la mecánica será la misma que se utilizó frente a los numerosos pedidos de ciudadanos particulares que llegaron por correo electrónico: si la ex mandataria manifiesta interés en recibir a alguien, la defensa debe canalizar el pedido ante el Tribunal.
Actualmente, la cuestión permanece bajo análisis en la Cámara Federal de Casación Penal, que fijó una audiencia para el próximo 7 de julio con el objetivo de escuchar a las partes y resolver si ratifica o modifica el esquema vigente. La decisión estará a cargo de los jueces Borinsky, Hornos y Barroetaveña, integrantes de la Sala IV del máximo tribunal penal del país.
En su declaración ante la Justicia, Ponti indicó que la jueza estaba al tanto del contenido desde la primera conversación.
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