En su declaración ante la Justicia, Ponti indicó que la jueza estaba al tanto del contenido desde la primera conversación.
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A través de un decreto, se implementará una plataforma que reemplazará el trámite presencial y reducirá los requisitos exigidos a los desarmaderos.
A través del Decreto 428/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo modificó la normativa que regula el desarme de automotores y la venta de autopartes. El objetivo es digitalizar los trámites y reducir requisitos que hoy entorpecen el proceso.
La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios será la encargada de implementar una plataforma digital que permitirá gestionar los legajos de baja y desarme de forma remota. Quienes soliciten este trámite deberán subir la documentación correspondiente junto a fotografías en color que muestren el estado del vehículo.
Actualmente, el procedimiento se realiza de manera presencial y requiere entregar todos los papeles en formato físico, incluida una imagen impresa del auto. Este sistema seguirá operativo hasta que la herramienta digital esté completamente habilitada.
Otra modificación central tiene que ver con los datos exigidos para documentar el ingreso y egreso de vehículos y autopartes. A partir del decreto, sólo será obligatorio registrar la marca, modelo, número de pieza y el certificado de baja y desarme. Las piezas no aptas para reciclaje deberán ser destruidas.
En comparación con el régimen anterior, se eliminaron exigencias como tipo de combustible, país y establecimiento de fabricación o destino de las autopartes, entre otras. Según el texto oficial, muchos de estos requerimientos resultaban redundantes y obstaculizaban el trabajo habitual de quienes integran el Registro Único de Desarmaderos de Automotores y Actividades Conexas.
La justificación del cambio se apoya en los avances tecnológicos y en la necesidad de agilizar los procedimientos. “La multiplicidad de datos a registrar para cada vehículo, muchas veces redundantes o duplicados, entorpece la operatoria regular”, indicó el Ejecutivo. Además, señaló que las cargas operativas actuales no suman valor en términos de trazabilidad o control por parte del Estado.
En su declaración ante la Justicia, Ponti indicó que la jueza estaba al tanto del contenido desde la primera conversación.
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