La entidad colombiana recomendó a la población del país sudamericano estar atenta a las recomendaciones de las autoridades.

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También se refirió a la custodia de Cristina Fernández de Kirchner, la implementación de la tobillera electrónica y el nuevo Departamento Federal de Investigaciones.
Un día después de que sectores del peronismo hayan convocado a una movilización en Plaza de Mayo para apoyar a Cristina Kirchner tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de ratificar su condena en la Causa Vialidad, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, señaló la convocatoria al afirmar que no superó las 48.200 personas, que es muy por debajo del "millón" que, según dijo, mencionaron los organizadores.
"Hicimos un cálculo geométrico, matemático, de acuerdo a la cantidad de espacio y personas por metro cuadrado. Contamos cada uno de los lugares, más todos los micros que entraron", explicó en declaraciones a Radio Mitre.
También se refirió a la actual custodia de la ex presidenta con respecto a su situación judicial: "Deben ser cerca de 80 o 90 personas, aunque es un poco menos. No tengo el número exacto", y aseguró que aún no hubo conversaciones con la justicia para revisar el dispositivo de seguridad.
Sobre la implementación de la tobillera electrónica ordenada por el Tribunal Oral Federal 2, dijo que el Servicio Penitenciario Federal está realizando estudios técnicos sobre las condiciones del domicilio y que analizan condiciones como la conectividad para asegurar el monitoreo permanente. "Es exactamente igual a cualquier persona que tiene una condena. No hay una discriminación. Es una manda judicial", sostuvo.
Por otro lado, al ser consultada por los controles policiales durante la movilización, la ministra respondió: "Paramos los micros porque muchos no estaban habilitados o no eran adecuados para circular. No fue contra la gente, fue para garantizar seguridad", y negó que se les haya preguntado a los pasajeros si eran peronistas: "Eso es falso. Si hubiera pasado, ya habría una grabación".
También aseguró que el decreto que permite detener hasta diez horas a personas cuya identidad no pueda ser comprobada es una "cláusula está desde 1958 en la Ley Orgánica de la Policía Federal. Es una herramienta legal, no persecución política". Por último, defendió la creación del nuevo Departamento Federal de Investigaciones, identificado por sus siglas como FBI, y el uso del ciberpatrullaje: "Se trata de proteger a la sociedad de delincuentes, bandas criminales, estafadores digitales y prófugos. No tiene nada que ver con espiar opositores".
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