Luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmara su condena a seis años de prisión por la Causa Vialidad para Cristina Fernández de Kirchner, los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al Tribunal Oral Federal N°2 la detención inmediata de la ex presidenta. El pedido se extiende a otros ocho condenados, entre ellos el empresario, Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas, José López, el ex titular de Vialidad Nacional, Nelson Periotti y varios ex funcionarios de Santa Cruz.

En su presentación, los fiscales argumentaron que la ejecución inmediata de las penas responde a la necesidad de “reafirmar la finalidad preventiva de la pena y de enviar un mensaje claro a la sociedad”. También solicitaron que "el tribunal debe ordenar inmediatamente la detención de los culpables para que cumplan su pena y procurar, de manera urgente, la devolución del monto defraudado".

De esta manera, sostuvieron que “funcionó en el seno del Estado una auténtica asociación ilícita que creó, diseñó, proyectó y ejecutó un plan sistemático de corrupción”, con el objetivo de “detraer los fondos del Estado para un beneficio particular o de un tercero”. En ese marco, señalaron que se utilizaron adjudicaciones de obras viales en la provincia de Santa Cruz como vehículo para beneficiar a Lázaro Báez, a quien definieron como “amigo del entonces presidente de la Nación (Néstor Kirchner) y socio comercial de este y su esposa en negocios y contratos privados obscenos”.

Los fiscales enfatizaron que los actos de corrupción acreditados en la causa tuvieron un “grave impacto en los derechos económicos, sociales y culturales que el Estado debe proteger y promover”, afectando principalmente a las poblaciones más vulnerables. “El dinero público que se desvía para financiar la corrupción reduce sensiblemente la capacidad del Estado para atender las necesidades básicas de la población en materia de salud, jubilaciones, asistencia social, infraestructura, educación, vivienda, trabajo y justicia”, afirmaron.

Respecto a los plazos procesales, el juez Jorge Gorini, a cargo del TOF 2, resolvió que los condenados deberán presentarse ante la Justicia en un máximo de cinco días hábiles. También requirió al Ministerio de Seguridad que, en un plazo de 24 horas, informe qué dependencias penitenciarias están en condiciones de alojarlos. En esa línea, el magistrado consideró prudente el plazo fijado, en función de que algunos de los imputados residen en distintas provincias del país, y pidió tener en cuenta las particularidades de cada caso a la hora de definir su detención.