En las últimas horas, se reveló que el gobierno de la provincia de Buenos Aires está en conversaciones con autoridades nacionales para evaluar su eventual incorporación al Plan de Reparación Histórica del Ahorro de los Argentinos. El titular de ARBA, Cristian Girard, advirtió que "se necesita una ley" para cualquier avance que respalde la iniciativa.

En ese sentido, Girard detalló que, junto al ministro de Economía provincial, Pablo López, mantuvieron una reunión "muy cordial" con el titular de ARCA, Juan Pazo, y que "el tono fue radicalmente distinto al que venía desplegando la propaganda oficial".

Uno de los puntos centrales del planteo bonaerense gira en torno a las condiciones normativas del plan, ya que Girard señaló que "en virtud de que a partir del anuncio que había hecho el Gobierno nacional se requería una modificación por ley del Régimen Penal Cambiario, del Régimen Penal Tributario y de la Ley de Procedimiento Tributario". En ese sentido, indicó que el anuncio “carecía de seguridad jurídica” y que esa preocupación fue comunicada formalmente por la administración provincial.

Girard también advirtió que, al eliminarse los controles para operaciones inferiores a 50 millones de pesos, se habilita un margen amplio para maniobras que podrían derivar en blanqueo de fondos de origen ilícito. “Lo que planteó el Gobernador fue 50 millones por mes por persona. Son 600 millones por año y eso es un monto realmente elevado”, indicó. Además, explicó que esa cifra representa “siete veces la máxima facturación” permitida en la categoría más alta del monotributo.

Además, el titular de ARBA remarcó que "no es que vayamos a perseguir a nadie que tenga un canuto abajo del colchón ni que estemos en contra de que la gente use los dólares". Según Girard, el análisis de la propuesta nacional continúa en proceso y se espera una nueva instancia de diálogo. Hasta ahora, las provincias que formalizaron su adhesión al convenio de intercambio de información contemplado en el plan son Catamarca y Tucumán.