El Ministerio de Seguridad presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la ciudad de Buenos Aires contra el juez Roberto Andrés Gallardo, quien había impedido a través de un fallo que las fuerzas federales intervengan en las marcha por los jubilados del próximo miércoles en las puertas del Congreso.

En su denuncia, el Gobierno acusó al titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario 2 de "mal desempeño en el ejercicio de sus funciones".

Se basó en la reciente decisión del magistrado de aceptar una acción de amparo presentada por la CGT, la UTEP y la UEJN (sindicato de judiciales) para impedir la intervención de fuerzas federales en la manifestación prevista para el 9 de abril en las inmediaciones del Congreso.

Tras el fallo, el Ministerio solicitó al Consejo de la Magistratura que se inicie un sumario para investigar la conducta del magistrado, cuyo accionar, según se afirmó en la presentación, vulnera la división de poderes, desobedece fallos anteriores y responde a motivaciones ideológicas antes que jurídicas.

Según el Ministerio, la demanda se basó en hechos hipotéticos y futuros, sin un caso judicial real que habilitara la competencia del juez.

El escrito señaló que ya existía un fallo previo —expediente "Red Federal de Derechos Humanos"— en el que un planteo idéntico fue rechazado in limine por falta de legitimación activa y por tratarse de un reclamo abstracto.

Tanto el Ministerio Público Fiscal como la Cámara de Apelaciones habían determinado que la Justicia porteña "carece de jurisdicción para intervenir en asuntos vinculados a fuerzas federales, competencia que recae exclusivamente en la Justicia federal", se indicó.

"A pesar de estos antecedentes, el juez Gallardo ignoró la falta de competencia y se declaró habilitado para intervenir" y además "habilitó días y horarios judiciales inhábiles sin justificación, resolviendo de forma exprés", se quejó la cartera que conduce Patricia Bullrich.

"El Ministerio considera que esta actuación constituye un claro caso de forum shopping y abuso de poder, al asumir atribuciones que exceden su función como juez local y avanzar sobre competencias propias del Estado Nacional", se indicó.