El Gobierno intervino Corredores Viales S.A. mediante el Decreto 244/2025, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. La decisión se tomó en el marco de su privatización tras conocerse pérdidas y una deuda con proveedores.

La interventora designada, Anastasia María de los Ángeles Adem, asumirá las funciones del Directorio y de su presidente, con facultades detalladas en el decreto. Entre sus tareas deberá realizar una auditoría de gestión al inicio y al final de la intervención, evaluar el estado financiero y operativo de la empresa, presentar una rendición de cuentas detallada y elaborar un plan de acción que podrá incluir modificaciones al estatuto, sujeto a la aprobación del Ministerio de Economía.

También revisará la administración de compras y contrataciones, auditará el estado de los corredores viales y operará la sociedad hasta su disolución y liquidación. Tendrá facultades exclusivas para representar a la empresa y podrá designar o remover personal.

En 2023, la empresa reportó una deuda con proveedores de $142.000 millones, pérdidas acumuladas por $268.000 millones y aportes del Tesoro Nacional por $301.000 millones.

En febrero, el Decreto 97/2025 estableció "el procedimiento para la privatización total de Corredores Viales S.A. bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje", con la disolución de la empresa una vez adjudicados los contratos de concesión.

"El sector privado se hará cargo de la ejecución de obras y gestiones necesarias a su cuenta y riesgo, a cambio del derecho a cobrar peajes", explicó el vocero presidencial, Manuel Adorni. La privatización abarca más de 9.000 kilómetros de rutas, por donde circula el 80% del tráfico.