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Sin embargo, se despegaron de los resultados diciendo: "La responsabilidad de la negociación y sus consecuencias es del gobierno”.
La Coalición Cívica (CC) anunció su decisión de respaldar legislativamente la negociación del acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En un comunicado difundido este sábado aclararon que su apoyo no implica una adhesión al programa económico del Gobierno, sino un compromiso con la estabilidad del país.
“Nuestro compromiso es evitar que la Argentina sufra nuevas volatilidades, retroceda en el proceso de estabilización o incluso caiga en default", justificaron. La fuerza política que lidera Elisa Carrió argumentó que la definición del programa económico es una responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo, mientras que el Congreso debe limitarse a autorizar la negociación.
“Damos este paso pensando en los argentinos y en la estabilidad del país”, señaló el documento, advirtiendo sobre los riesgos de una nueva volatilidad económica o incluso un eventual default, que afectaría el empleo y la inversión. Además agregaron: “Constitucionalmente, la definición de dicho programa le corresponde al Poder Ejecutivo, mientras que al Congreso solo le compete prestar autorización. La responsabilidad de la negociación y sus consecuencias es del gobierno”.
La CC recordó su postura en 2022, cuando respaldó el acuerdo con el FMI bajo la administración de Alberto Fernández. En aquel entonces, el partido impulsó una solución legislativa antes que el propio oficialismo, aunque la propuesta no obtuvo el respaldo de algunos legisladores, entre ellos Javier Milei y Ricardo López Murphy. “Nuestra posición siempre ha sido la misma: defender la estabilidad y la previsibilidad, más allá de quién gobierne”, aclararon.
El comunicado también hace referencia a la incertidumbre global, mencionando la crisis geopolítica, la situación en Estados Unidos y la política comercial de la administración de Donald Trump, como factores que demandan una actitud de prudencia por parte de Argentina.
Aunque el partido sostiene que un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) no es la herramienta más adecuada para una decisión de esta magnitud, reconoce la urgencia de la situación y justifica el tratamiento inmediato del tema en el Congreso.
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