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Marc Murtra fue designado en reemplazo de José María Álvarez-Pallete. La medida provocó la caída de las acciones y despertó el rechazo de la oposición.
Los inversores y el mercado aún intentan asimilar la última decisión de Telefónica en España. El pasado fin de semana, la operadora anunció que José María Álvarez-Pallete dejó de ser el CEO de la compañía. "El Consejo de Administración de la operadora acuerda la renovación ordenada de la Presidencia de la sociedad, para adecuarla a su nuevo accionariado", explicó la operadora en un comunicado.
La decisión la tomó el Gobierno de España, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), una entidad pública que actúa como holding empresarial, gestionando la participación del Estado en diversas empresas, y que actualmente posee el 10% de la compañía. Según medios españoles, el cambio en la dirección de la compañía es apoyado no sólo por la SEPI, sino también por STC y Criteria Caixa, una sociedad que posee otro 10% de la telefónica.
Este cambio generó preocupación entre los inversores, que no ven con buenos ojos la injerencia de la política en decisiones empresariales. También encendió las alarmas en la oposición al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijoó, líder del Partido Popular, sostuvo que “ningún gobierno debe cambiar al presidente de una cotizada o no cotizada desde el palacio de la Moncloa” y llamó a “activar la alerta antidemocrática en España". A su vez, recordó la intervención del Gobierno español en otras empresas, como RTVE, la agencia EFE y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La reacción en la bolsa, en tanto, reflejó esta sensación: éste lunes, la acción de Telefónica abría la rueda con una baja del 3%; por el contrario, INDRA iniciaba la jornada con una suba de más del 2%.
Independientemente de todo ésto, el nuevo presidente de Telefónica, Marc Murtra, deberá hacer frente a una delicada situación. Entre sus principales desafíos, tiene la misión de imprimirle una nueva dinámica a la gestión para que la compañía recupere su valor de mercado, profundice la reducción de su deuda y genere nuevos ingresos.
Ingeniero industrial y magister en Administración de Empresas, este empresario español nacido en Inglaterra desembarcó en Telefónica luego de dirigir los destinos de otro gigante del sector, INDRA. En su nuevo rol, tendrá como principal desafío que la operadora revierta la tendencia de los últimos años, en los que su valor de mercado cayó más de un 50%.
También deberá profundizar la reducción de la deuda. Si bien su antecesor redujo fuertemente el pasivo de la compañía, fue en gran parte gracias a la venta de las torres de telefonía móvil en 2021 a America Tower, lo que le reportó a Telefónica ingresos por 770 millones de euros. Con este antecedente, Murtra tendría entre sus opciones la posibilidad de desprenderse de distintos activos de la compañía en Latinoamérica. Al mismo tiempo que deberá impulsar nuevas inversiones para la construcción de redes de telefonía móvil 5G y fibra óptica, que si bien no impactarán de forma directa sobre los ingresos, le garantizarán a la operadora no quedar rezagada en la carrera por el liderazgo del sector de las telecomunicaciones.
"Esperamos impacto negativo en la cotización una vez que fue el gobierno español, accionista de Telefónica a través de la SEPI desde el año pasado con un 10% del capital, el que forzó la dimisión de Jose María Alvarez-Pallete, que gozó de un gran reconocimiento dentro de la comunidad inversora", sostuvo Renta 4.
Los expertos del Banco Sabadell, por su parte, consideraron que "la decisión del Consejo de Telefónica constituye una sorpresa relativa", ya que el mandato de Álvarez-Pallete "debía renovarse este año". En cuanto al futuro de la compañía, creen que la medida "puede pesar negativamente a corto plazo en la acción, al abrir un periodo de incertidumbre hasta que se conozcan los planes del nuevo presidente para el negocio de la compañía".
Pese a las críticas, hubo también quienes respaldaron los cambios en Telefónica, como es el caso de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Su presidente, Antonio Garamendi, afirmó que "la empresa no es del Gobierno, sino del Estado", a la vez que remarcó que "lo importante es que la gobernanza se haga desde un punto de vista empresarial".
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