Después de que el Gobierno Nacional, por iniciativa del ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, haya impulsado exámenes de idoneidad en la administración pública, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), uno de los sindicatos que repudió la medida, informó que el 96% del personal pasó la prueba y pidió el pase a planta permanente a quienes se les vence el contrato a fin de año.

Ante esto, el jefe de ATE a nivel nacional, Rodolfo Aguiar, señaló que "al Gobierno le salió el tiro por la culata con los exámenes" porque "el 96% de los estatales ya aprobó". "Parece que en el Estado los burros no somos los trabajadores, son los funcionarios que llegaron el 10 de diciembre del 2023. Fracasaron en este intento ilegal de seguir estigmatizando y desprestigiando el empleo público", agregó.

Además, declaró que "como era de esperar, el 96,3% de los agentes que ya se presentaron a rendir aprobaron sus exámenes y según el propio Ejecutivo, se está demostrando su idoneidad". "Por lo tanto, debe ponerse a los trabajadores en ejercicio del derecho constitucional de estabilidad y tienen que ser incorporados en la planta permanente del Estado. Subsidiariamente, los contratos deben renovarse automáticamente y por un año como plazo mínimo", continuó.

Y, finalmente, en el posteo en sus redes sociales, explicó que "después de esto, tenemos que empezar a pensar que tiene que ser evaluado todo el Gabinete. Tenemos que establecer un mecanismo que nos permita tomarle exámenes y dejar en evidencia por su incapacidad de gestión desde los directores hasta los secretarios, subsecretarios y ministros, todos aquellos cargos que no sean electivos".

El "examen de idoneidad", que sería para unas 40.000 personas, no pretendería dejar a nadie sin empleo, aunque quién desapruebe o falle tres veces, no podrá trabajar en el Estado. Al mismo tiempo, la resolución 26/24 del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado afirma que las evaluaciones no son vinculantes, por lo que los aprobados no tienen garantizada su continuidad laboral.

La prueba tiene entre 20 y 24 preguntas que tienen el objetivo de evaluar el razonamiento, lógica matemática, la comprensión de textos y la normativa pública y establecieron tres modelos distintos, que son para profesionales, para administrativos y para servicios generales. El Gobierno, por su parte, busca que todos los empleados rindan el examen antes de febrero de 2025.