Desde la semana que viene, 40.000 empleados públicos contratados y de planta transitoria cuyos vínculos con el Estado vencen a fin de año comenzarán a rendir un examen de idoneidad. 

La medida había sido anunciada en octubre por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y forma parte del Sistema de Evaluación Pública (SEP), que apunta a "fortalecer el Empleo Público mediante una Evaluación General de Conocimientos y Competencias".

"De esta manera se evita repetir la estrategia desarrollada por el Kirchnerismo en su retirada de “minar” al Estado de militantes sin las competencias básicas para sus tareas", dijo el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La evaluación será digital, anónima y presencial, y es un "requisito obligatorio para poder trabajar en la Administración Pública Nacional". Dicho de otro modo, quien lo desapruebe perderá su trabajo.

El proceso de evaluación comenzará en los próximos días y se implementará mediante distintas etapas. En una primera fase, se lanzará para jurisdicciones y entidades cuya ubicación principal esté dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La segunda fase, en tanto, está prevista para 2025 y contempla a las jurisdicciones y entidades ubicadas en las diferentes provincias.

Cómo es el examen

La cartera de Modernización que conduce Sturzenegger estableció que habrá tres tipos de evaluaciones orientadas a Servicios Generales, Administrativos y Profesionales.

Cada prueba estará compuesta por tres ejes temáticos: comprensión lectora; razonamiento lógico-matemático y administración pública nacional. Éste último ítem sólo se aplicará en los exámenes orientados a Profesionales. 

Para rendir el examen, los empleados deberán solicitar un turno a través de una plataforma que, según fuentes oficiales, se activaría durante los próximos días. Cada persona contará con hasta tres intentos para aprobar el examen. Para cada uno, deberá solicitar un nuevo turno.

La evaluación para empleados públicos se enmarca en el proceso de racionalización del Estado que lleva adelante el Gobierno nacional. Según cifras oficiales, unas 33.000 personas fueron despedidas de la administración pública durante 2024. Ahora, otras 40.000 serán evaluadas para definir si continúan o no.