La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.

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Desde las 17 de este miércoles, los legisladores se reunirán en un plenario de comisiones. El Gobierno advirtió que vetará la medida en caso de que sea aprobada.
Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticios, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados se reunirá este miércoles a las 17 para tratar el proyecto que modifica la Ley 26.122, que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNUs). La oposición busca emitir dictamen y llevar la discusión al recinto.
Sectores de Encuentro Federal, la Izquierda y el kirchnerismo impulsan esta modificación la medida que impulsó Cristina Kirchner en 2006, durante su mandato como senadora. Estos sectores de la oposición consideran que el presidente Javier Milei abusó de esta prerrogativa y buscan ponerle un límite. El mandatario advirtió que si la modificación es aprobada por el Congreso, la vetará.
"En el fondo están tratando de hacer un golpe de Estado. ¿Cambiar las reglas de juego a mitad de camino? ¿A vos te parece que es normal eso?", dijo el mandatario durante un contacto con C5N, al finalizar su exposición en el Coloquio de IDEA.
En clara minoría en el Congreso, los DNUs se convirtieron en una herramienta fundamental para la administración libertaria. Una de sus medidas más resonantes se implementó vía este mecanismo: el Decreto 70/23 que desreguló la economía y derogó, entre otras leyes, la de Alquileres. Por este medio también declaró sujeta a privatización a Aerolíneas Argentinas, como una maniobra para presionar al Congreso a tratar el proyecto para habilitar su traspaso al sector privado.
Ante un eventual veto presidencial, el Gobierno deberá activar nuevamente la mesa legislativa con sus aliados para sostener la firma del Presidente. Vale recordar que la validación de una de las Cámaras es suficiente para dejar firme un Decreto.
La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.
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