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La investigación, que se inició en marzo de este año, afirma que podría haber otras autoridades políticas vinculadas a la causa.
Después de que el diputado misionero Germán Kiczka haya sido detenido por "tenencia, consumo y distribución de material de abuso sexual infantil", un nuevo caso sacude a la política. Se trata del dirigente correntino Sixto Omar Fernández que fue aprehendido en la localidad de Ituzaingó, Corrientes, tras ser acusado de corrupción de menores.
Fernández, alias “Yacaré”, de 77 años, que estuvo casi dos décadas al frente del Partido Liberal, espacio que forma parte de la coalición gobernante en la provincia de Misiones, que es conducida por Gustavo Valdés, se encuentra bajo arresto domiciliario por su edad.
Según informó Clarín, autoridades judiciales afirmaron que en los teléfonos “se hallaron más de 400 fotos y un centenar de videos con contenido sexual que involucra a menores y mayores” y que “entre las víctimas hay una chica de 13 años y una adolescente, ambas integrantes de familias vulnerables de Ituzaingó”. También se explicó que el dirigente contactaba mujeres para pedir fotos "de diferente intensidad y alto contenido sexual".
A pesar de que, por el momento, enfrenta dos acusaciones, se cree que podría haber más víctimas y que haya otras autoridades políticas vinculadas con abusos y corrupción de menores. En la investigación, que se inició en marzo de este año a raíz de la denuncia de una joven de 28 años en la Comisaría de la Mujer y el Menor, se manifestó que conoció a Fernández por medio de su madre, que formaba parte del Partido Liberal, y que cuando ella tenía 14 años, no solo la invitaba a pasear en su auto, sino que también le regaló un celular para estar en contacto.
En ese sentido, se reveló que, durante uno de esos paseos, el político le habría pedido que se quitara la ropa para sacarle fotos y, posteriormente, le dio dinero. Esto se repitió con el correr de los meses y años y, según la causa, esto escaló, incluso después que ella se ponga en pareja.
Durante la campaña electoral de 2017, Fernández llamó a la denunciante y le dijo que enviaría a una adolescente de 13 años para buscar dinero. Pocos días después, él le compró un celular a la joven, quien entonces se dio cuenta de que la menor podría convertirse en otra víctima, como lo había sido ella.
Una vez concluida la campaña, Fernández le entregó sus dos teléfonos móviles para que borrara fotos y videos tomados en el motel y, al revisarlos, encontró imágenes de al menos una menor. Ante esto, decidió confrontarlo, pero le explicó que la madre de la niña la había entregado y que no había tocado a la menor. Finalmente, intentó terminar con la situación exigiendo que borrara el material a cambio de que no la molestara más, pero igualmente teme por la seguridad de sus tres hijos.
La vicepresidenta solicitó la intervención de la Policía Federal y de la División Explosivos para realizar un rastrillaje.
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