El Gobierno no descarta judicializar la nueva Ley de Movilidad Jubilatoria que aprobó el Congreso y que compromete el equilibrio fiscal que defiende el presidente Javier Milei.

Los pasos a seguir que analiza la Casa Rosada fueron dados a conocer este viernes por el vocero presidencial Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa en Casa de Gobierno.

"Si el camino va a ser judicializarla, porque claramente es ilegal, en virtud de que no cumple con la Ley de Administración Financiera, o si se recortarán otras partidas... Todo está en análisis porque lo único que no discutimos es el equilibrio fiscal", dijo el funcionario.

Fue luego de que le preguntaran por las declaraciones del diputado Miguel Ángel Pichetto, quien en diálogo con Futuröck dijo que "pensaría dos veces" antes de vetar la medida, algo que esta mañana adelantó el presidente Javier Milei.

En esa línea, Adorni dijo que esta iniciativa "es infinanciable". "No es más que pura demagogia populista", arremetió, y añadió que "atenta contra el plan del Gobierno". "El equilibrio fiscal es absolutamente innegociable", reiteró.

Tras la sanción definitiva del Congreso, el presidente Javier Milei reunió a sus economistas en la Quinta Presidencial de Olivos y definió "el veto total" de la medida, cuyo costo fiscal estimó en 370.000 millones de dólares. "Es la ruina del país", dijo. "Los irresponsables que han votado esto le están costando al país (...) el hundimiento definitivo en la pobreza e indigencia a los jóvenes y a nuestras futuras generaciones. Es un atentado contra el bienestar de los argentinos presentes y futuro", aseveró.

Qué dice la norma

La ley que aprobó el Congreso mantiene la actualización mensual de los haberes en base al índice de inflación del INDEC, tal como establece el Decreto vigente que modificó la fórmula de movilidad. Pero además otorga una recomposición del 8,1%, que sumada al 12,5% que fijó el Gobierno en el Decreto, completa el 20,6% de inflación de enero.

En otro de sus artículos, establece que en marzo de cada año se aplicará a las jubilaciones un aumento del 50% de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) por sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior.

También fija que quienes perciben un solo beneficio "tendrán la garantía de un haber mínimo equivalente al costo de la canasta básica total del adulto (CBT) incrementado en un 9%".

Por último, se obliga a la ANSES a cancelar las deudas con las cajas previsionales provinciales y a pagar las sentencias firmes a favor de los jubilados.