Durante la semana, la ultraderecha británica difundió la información de diversos espacios vinculados a inmigrantes para que sean hostigados. El gobierno con la sociedad civil, las manifestaciones antirracistas principalmente, lograron detener algunos de los ataques.

Keir Starmer sostuvo tener un estado de alerta constante y llamó a las manifestaciones a enfrentarse con los disturbios de la ultraderecha.

También, el primer ministro dijo que el peso de la ley caerá por sobre los responsables de los delitos. Todo esto en el marco de las acusaciones formales a más de 100 de los 400 detenidos. 

Stephen Parkinson, fiscal de la nación británica, sostuvo que los delitos "podían caer bajo la categoría de actos de terrorismo" y que alcanzaría no solo a los que salieron a las calles a provocar desmanes sino también a los que los alentaron desde las redes sociales.