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Sin una definición de la justicia, el caso continúa impune y las víctimas y sus familiares sin reparación por la masacre.
En los años 90', Argentina fue blanco de los atentados terroristas internacionales, el primero de ellos a la Embajada de Israel en Argentina el 17 de marzo de 1992, antecesor a la voladura de la sede de la AMIA, en julio de 1994. En ambos casos, la justicia no llegó a un veredicto y los casos aún permanecen impunes.
A las 14.47 de un martes, que para los testigos podría haber sido un día cualquiera, en la puerta de la Embajada de Israel en Argentina explotaba una bomba. La esquina de Suipacha y Arroyo se convirtió en ese momento en la primer sede de un atentado terrorista internacional en nuestro país. Más de 200 personas resultaron heridas y otras 42 murieron.
El ataque fue investigado por la Corte Suprema de Justicia, pero aún permanece impune. La causa tramitó desde el inicio en el máximo tribunal por “competencia originaria”, ya que se trató de un ataque a una sede diplomática extranjera.
En 1997, la Corte creó una secretaría especial para investigar el atentado y designó al frente de la investigación al entonces titular de la Secretaría Penal, Esteban Canevari, quien se jubiló en 2018 y en su lugar fue designado Fernando Arnedo, actualmente a cargo de la causa.
"Amnistía Internacional llama al Estado argentino a avanzar en la realización de una investigación transparente y adecuada para esclarecer lo ocurrido y sancionar a los responsables materiales e intelectuales", señalaron en un comunicado en el que, además, se solidarizaron con las víctimas y sus familiares.
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