En una reunión que tuvo lugar esta mañana a través de videollamada, diez gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) con un grupo de legisladores pusieron condiciones a su apoyo a la Ley Ómnibus que impulsa el presidente de Javier Milei y rechazaron contundentemente las retenciones en las economías regionales.

La incertidumbre pesa sobre la definición de la Ley Ómnibus, cuyos puntos no pretenden negociar desde el oficialismo. La voluntad no le alcanzará al gobierno para llevar adelante el proyecto, y en ese punto entra en juego la importancia de los "dialoguistas" de la oposición.

Tras reunirse este domingo por la mañana, los gobernadores establecieron su postura firme de cara a la reanudación de la discusión del proyecto de ley, por el cual la CGT convocó a un paro general el próximo 24 de enero que contará con amplia presencia del arco político.

De este modo, la reunión contó con la presencia de Leandro Zdero -Chaco-, Maximiliano Pullaro -Santa Fe-, Ignacio Torres -Chubut-, Jorge Macri -CABA-, Rogelio Frigerio -Entre Ríos-, Gustavo Valdés -Corrientes-, Alfredo Cornejo -Mendoza-, Claudio Poggi -San Luis-, Marcelo Orrego -San Juan-, y Carlos Sadir -Jujuy-.

Respecto a los legisladores, participaron de la reunión Cristian Ritondo -presidente del bloque del PRO-, Rodrigo De Loredo -titular del bloque de la UCR-, Alejandro Cacace -UCR-, Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot, de Hacemos Coalición Federal.

El centro de la discusión se basa en la modificación a las retenciones a las economías regionales, que afecta directamente a los intereses provinciales y, al no ser coparticipable, el gobierno recauda sin la obligación de distribuirlo entre las provincias.

A pesar de las aspiraciones del oficialismo a conseguir el consenso para la próxima semana, esto no ocurrirá en el escenario de la modificación actual a las retenciones que incluye un aumento en los derechos de exportación a la soja -del 31% al 33%-, el trigo y el maíz -del 12% al 15%-, del girasol -del 7% al 15%- y de la carne -del 9% al 15%-, según la redacción oficial del documento. En ese sentido, el beneficio fiscal sería de entre u$s1,5 a u$s2 millones anuales, un número que no modifica en esencia el presupuesto del gobierno, pero sí afecta a las economías provinciales en gran medida.