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El Gobierno minimizó el cacerolazo: "Fueron algunas expresiones en algunos lugares de la Ciudad"

El vocero presidencial dijo que tal vez "no estaban muy al tanto" del contenido del Decreto. Sostuvo que la mayoría está de acuerdo con las medidas.

El Gobierno minimizó el cacerolazo: "Fueron algunas expresiones en algunos lugares de la Ciudad"
Manuel Adorni, vocero presidencial. (Télam)

El Gobierno nacional defendió esta mañana el Decreto de Necesidad y Urgencia que presentó anoche en cadena nacional el presidente Javier Milei. Dijo que no perjudica a la población y que la mayoría esta de acuerdo con estas medidas. 

"Ayer se firmó el DNU para las bases de la reconstrucción de la economía. Entendemos que el problema de Argentina radica en 100 años de decadencia. En ese marco, había cuestiones más urgentes para atacar, que es el déficit fiscal, que creemos que es uno de los principales problemas que motiva el resto de los desastres económicos que han devenido en Argentina", marcó vocero presidencial, Manuel Adorni, en la conferencia de prensa que brindó esta mañana en Casa Rosada.

"El DNU tiene el objetivo de empezar a desarmar esa maraña de cuestiones que le han hecho tanto daño a la Argentina. Argentina hace una década al menos que no crece, que no genera empleo, tenemos un 15% de PBI per cápita que en 2011. Está muy a la vista que Argentina está detenida en este no crecimiento que significa más pobreza y más subdesarrollo", agregó.

Ante otra consulta, Adorni minimizó los cacerolazos que se registraron frente al Congreso de la Nación y en diferentes puntos de la Ciudad y Provincia de Buenos Aires poco después de que terminara la cadena nacional en la que el presidente explicó los alcances de la medida.

"No fueron manifestaciones, sino algunas expresiones en algunos puntos de la Ciudad de Buenos Aires", dijo. "Entendemos también que hay gente que no va a estar de acuerdo y nos parece bien que se manifiesten en contra", transmitió sobre la postura oficial. Y completó: "Un DNU que a ustedes mismos les ha llevado horas leer y que hace referencia a un montón de leyes, que complica mucho más su lectura, que un minuto después de la cadena haya habido esta manifestación... Entendemos que por ahí no estaban muy al tanto de lo que significaba el DNU. Es un DNU de libertades individuales".

"No entendemos dónde puede traer perjuicios para algún ciudadano", agregó en esa línea. Consideró, por el contrario, que la mayoría de la sociedad acompaña la decisión de la Casa Rosada. "Está claro que, mayoritariamente, Argentina quiere este cambio", recalcó.

Respecto de los reparos que expusieron algunos juristas frente al Decreto, dijo que son opiniones "válidas", pero que corren por su cuenta. "Tenemos nuestro equipo legal con una opinión definida en cada uno de los puntos y entendemos que si hay alguna novedad judicial, nos encargaremos de explicar por qué creemos que todo está dentro de la ley y de la normativa en el marco de la urgencia", explicó, y garantizó que de surgir, cada una de las dudas se responderá en instancia judicial o en cualquier otra "donde el DNU pueda tener algún tipo de cuestionamiento".

"Con este DNU estamos cambiando la lógica de Argentina de muchos años", volvió a respaldar la resolución.

Marcha del 20D: El Gobierno cobrará el operativo de seguridad a las organizaciones que se movilizaron

El Gobierno dijo que la aplicación del protocolo de orden público del Ministerio de Seguridad en la movilización de este miércoles "fue exitosa". "Todo se llevó adelante con la mayor de las tranquilidades", destacó.

Agradeció por otra parte aquellos beneficiarios que "optaron por creernos a nosotros y no en las extorsiones de los intermediarios". Según fuentes oficiales, la línea 134 que habilitó el Gobierno recibió más de 11.000 denuncias.

En este contexto, el vocero estimó que unas 3.000 personas participaron de la jornada de protestas. "Las denuncias más que triplicaron el número de asistentes", señaló.

Adorni advirtió que "va a haber consecuencias" sobre aquellos que incumplieron la ley. Ratificó en ese sentido que los beneficiarios que sean identificados perderán su plan social y que el Gobierno les cobrará a las organizaciones sociales el costo del operativo.