El mundial de fútbol empezó hace una semana y podríamos usar la complicada separación del jugador De Paul con Camila Homs para hacer un enganche (guiño) y hablar de que 7 de cada 10 padres que se separan de sus parejas no pagan la cuota alimentaria. Otros realizan acciones dilatorias para pagar menos y muchos si pagan, se desligan del cuidado. Cuestión no menor, ya que si queremos que cuiden a alguien, ese cuidado se cobra. 

La situación es compleja porque el problema no es sólo económico sino cultural. De hecho es lo económico la consecuencia de, en este caso, la división sexual del trabajo. Para tener más control al respecto, el Congreso de la Nación debate un proyecto de ley que busca unificar la lista de deudores morosos de todo el país, ¿pero es eso suficiente?  

Para tratar de entender qué sucede con la cuota alimentaria y cómo afecta eso en la vida de las mujeres y personas gestantes, hablé con Sabrina Cartabia, abogada civil especialista y crítica de este proyecto. 

De las desigualdades avaladas 

“En la provincia Buenos Aires hicimos un estudio y el resultado es que más del 66% de los casos cuando se rompe una pareja, los varones dejan de realizar aportes económicos, pero a su vez se desinvolucran de todas las tareas de cuidado”, explica y agrega: “En nuestro país son las mujeres las que se quedan cuidando, por lo tanto también son las que litigan la obligación alimentaria”. 

Hay muchos factores que explican por qué los cuidados son responsabilidad social de las mujeres o de las personas gestantes. Hace tan sólo setenta años eran muy pocas excepciones quienes realizaban trabajo fuera del hogar y ese era (es) el único trabajo que recibía un salario. Todo ordenado, hombres afuera y mujeres en casa. 

El divorcio, otorgado en 1987, generó un cambió de época y trajo un nuevo paradigma al escenario social. Las separaciones comenzaron a formar parte del cotidiano pero la estructura continúa siendo la misma: ellos se encargan del dinero y ellas de los cuidados.  

“Lo que descubrimos en la investigación, es que hay un imaginario social que enlaza el pago de la cuota no con una cuestión de corresponsabilidad en los cuidados, sino más bien con pagar un impuesto o una multa”, sostiene la abogada y agrega: “sabemos que nuestro país la evasión tributaria es tolerada e incluso es celebrada, es como una avivada. Y ésto después derrama también en la obligación alimentaria, lo que genera un imaginario social que los varones se sientan legitimados social, pero también a través de las instituciones (por ejemplo, el Poder Judicial) a no realizar estos pagos”. 

Las empresas, cómplices

El concepto de “la jabru” para hablar de ex mujeres es muy común y la idea de que al pagar la cuota alimentaria en realidad se le está pagando a ella para “sus cosas”, también existe. A partir de estas creencias y otros factores sociales que permiten la “avivada”, muchos de los padres que deben abonar la cuota, realizan artilugios legales para no hacerlo.

“Existen múltiples estrategias dilatorias que son de lo más variadas. Desde sacar la licencia en otras provincias porque en la propia son morosos a quienes se han hecho despedir de sus empleos registrados, por ejemplo. Y ahí  también encontramos que hay mucha convivencia por parte de los empleadores, que aceptan poner menor cantidad de salario en el recibo de sueldo de forma registrada y más cantidad de salario en el no registrado para que  no puedan embargarlo”, explica la licenciada. 

Así, con estas licencias por parte de las instituciones y junto a toda una cultura empecinada en ubicar los cuidados en las tareas "femeninas", es cómo los varones cisgénero consiguen esquivar este tipo de responsabilidades. “Una sociedad que te hace pensar que la mujer 'le rompe las bolas al chabón' para que pague genera la sensación de que se le paga a la mujer, no a los hijos. Y al creer que esto es una cuestión de corresponsabilidad en los cuidados, o sea pagar es estar presente, los varones (y digo varones porque el 98% lo son) no solamente se desligan desde el punto de vista económico, sino que también de los cuidados”, agrega Cartabia.  

Como siempre falla la Justicia 

El ente regulador de este tipo de conflictos no es neutral. La Justicia muchas veces genera más complicaciones que soluciones y el acceso es desigual. “A las mujeres les cuesta mucho, es muy engorroso, es muy costoso para ellas seguir adelante estos procesos porque son muy largos, están llenos de medidas dilatorias y el Poder Judicial es muy impotente para contrarrestar ésto, por lo tanto les cuesta mucho llegar a una sentencia que determine el monto de la obligación alimentaria”, sostiene Cartabia y agrega: “Una vez que se determina el monto, el sistema está todo pensado para que, si la persona incumple, se ejecute de un salario registrado o de bienes, pero con la creciente informalidad que tenemos en nuestro país nos damos cuenta de que esto no alcanza”. 

Es ahí cuando entra el proyecto que se trata en el Congreso y que busca unificar listas de deudores de cuotas alimentarias de todo el país. “Esta información puede ser un paso positivo porque también algo que vemos con frecuencia es que algunas de las sanciones que hoy están impuestas, por ejemplo el no poder sacar o renovar la licencia de conducir, se incumplían yéndose a otras provincias”, explica la licenciada. 

Aún así, al parecer estas listas son el final de un largo camino lleno de complicaciones. “Lo que detectamos es que existen múltiples obstáculos en el acceso a la Justicia lo que hacen que esa garantía que tenemos no se cumple porque las mujeres no están llegando a poder acceder. Y cuando lo hacen, ese camino es muy sinuoso. Es más parecido a una carrera de obstáculos y no es casual que en un procedimiento donde la inmensa mayoría de las que litigamos somos mujeres, sea ineficaz”, grafica Cartabia. 

¿El Veraz, la solución?

El proyecto busca resolver o achicar desigualdades pero en la práctica que ésto deje de suceder está muy lejos. Además de ser social y cultural, las instituciones cumplen un rol fundante a la hora de pensar políticas públicas que puedan garantizar la igualdad de cuidados y de dinero que recibe quien se queda en hogares monoparentales. “Este problema tiene dos grandes aristas, por un lado el acceso a la Justicia, donde las mujeres demoran mucho en tener una determinación para ese aspecto específico, quizás sería bueno desacoplar los procesos y poder tener procesos express donde exista una determinación en base a presunción, eso qué quiere decir que podemos, hoy en día y con los datos que tenemos, establecer una canasta básica del cuidado. Eso ahorraría muchos pasos”, explica la especialista. 

“Por otro lado, una vez que tenés la sentencia que determina el monto, empieza el otro problema: el cumplimiento. Es muy difícil hacer que funcione bien. Y para eso, tenemos hoy en día una herramienta que se utiliza cuando hay deudas que es el Veraz. El Veraz está regulado por el Banco Central de la Nación Argentina, por lo tanto quizás no sea algo descabellado pensar que los deudores alimentarios deberían figurar allí. O sea, no puede ser que tengamos un interés social más grande en señalar a quienes, por ejemplo, deben unas zapatillas o cuotas de un lavarropas porque tienen una deuda con la tarjeta de crédito pero que no sirva para proteger a las infancias del incumplimiento alimentario”.