Las trabajadoras de la línea 144, caballito de batalla de este gobierno respecto a luchar contra la violencia de género, están precarizadas y el servicio, tercerizado. Los botones antipánico tienen fallas y hay déficit, en las comisarías continúan revictimizando a quienes denuncian abuso o violencia sexual, ni la Ley Micaela ni la Ley Brisa se aplican correctamente. El Plan Nacional de Acción para Prevenir la Violencia de Genero sufrió un recorte de 30 millones de pesos del 2018 al 2019 y desde el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), se destina sólo $11 por mujer para combatir la violencia de género. 

Las críticas que se le pueden hacer al mandato de Mauricio Macri respecto a las políticas públicas aplicadas para luchar contra esta problemática son muchas, pero estar a un mes de terminar su mandato como presidente no detiene a su gabinete de continuar sumando errores. 

Esta semana la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich realizó declaraciones que fueron fuertemente repudiadas por todo el arco feminista. En el marco de la presentación de un Plan Nacional para la Prevención de Femicidios, sostuvo que: "entre 2017 y 2018 bajaron un 12%, pero aún siguen siendo la principal causa de muerte violenta de las mujeres". 

Para entender más qué sucede con ese número y con el flamante plan, Filo.News habló con Silvia Ferreyra, integrante de El Observatorio Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá), quienes trabajan a diario en monitorear a través de los medios de comunicación e informar los femicidios que suceden en nuestro país. 

"La Ministra brindó datos desde el Ministerio de Seguridad y esos son datos de un sistema de información que tienen en conjunto con cifras de la Defensoría pública. El tema es que los datos que brinda no coinciden siquiera con los datos de otro organismo que también observa que es el Poder Judicial y la Corte Suprema de Justicia", explica la especialista.

El Minisrterio de Seguridad sostienen que en el año 2017 hubo 303 femicidios pero la Corte Suprema indica que fueron 251 y desde Mumalá informaron que fueron 298. En el 2018 Ministerio de Seguridad sostiene que hubieron 275 casos, la Corte Suprema, 278 y Mumalá, 260. 

"Entonces va más allá de estas diferencias de números, de hecho, lo que refleja que todos sean distintos es que desde el Estado no hay una unificación de este seguimiento", explica Ferreyra. Cabe destacar que tanto el Observatorio Mujeres de la Matria Latinoamericana como el Observatorio #AhoraQueSiNosVen, son organizaciones no oficiales y autogestivas. 

"Desde junio del 2015 uno de los principales reclamos de la sociedad y organizaciones era justamente que haya un sistema único por parte del Estado con estadísticas y datos que puedan dar cuenta de cuántos son los femicidios que suceden en Argentina. Y hoy, a cuatro años del 2015, sigue pendiente y es una de las principales demandas que vamos a reclamar al gobierno que esta próximo asumir", indica la especialista.

Respecto a los números dados por Bullrich, detalla: "La ministra celebra que hayan disminuído al rededor de un 10% los femicidios pero en realidad hay estudios que relevan que hay entre 250 y 300 femicidios que se repiten sistemáticamente desde hace unos 10 años. Esas cifras pueden variar, pero la diferencia no es significativa en función de la cantidad de femicidios que se vienen repitiendo de un tiempo a esta parte".

Por otro lado, provincias como Chaco, Catamarca, Tierra del Fuego, son algunas de las que presentan las tasas más altas de femicidios de nuestro país. "el INAM no se puede desentender de la situación en la que se encuentran varias provincias. Necesitamos un rol distinto por parte del Estado Nacional para que logre a partir de mayor presupuesto una asistencia directa a cada una de las victimas de violencia. Porque las provincias que tienen refugios o casas de la mujer u organismos que puedan abordar estas denuncias de violencia, son contadas con los dedos de una mano. Y las provincias que tienen a estos organismos trabajando, brindan su atención con recursos más que limitados", detalla Ferreyra.

Por otro lado, y con la llegada del peronismo como fuerza política al sillón de Rivadavia, los pedidos de políticas públicas que protejan a todas las feminidades contra este tipo de violencia son muchísimos. "Tiene que haber una avance sostenido en la implementación de la Ley Micaela y capacitar a todos los organismos del Estado sobre la problemática de la violencia de genero para poder sensibilizar a todos los agentes, sensibilizar sobre qué es, cómo identificar los distintos tipos de violencia, etc. Tambien la Ley Brisa, que planetea una asistencia economica a la familias que se hacen cargo de les hijes de las victimas de los femicidios, sin mencionar que hay muchos hijes que quedan en manos del femicidia" agrega. 

Hoy sólo alrededor de 80 casos que efectivamente pudieron cobrar estos fondos y cerca de 500 casos que estan en carpeta por los tiempos propios del sistema judicial que es donde se anidan las tenencias de les niñes. 

Las tobilleras e instrumentos electrónicos para combatir y proteger a las víctimas tampoco funciona y está directamente relacionado con el bajo presupuesto. De las 700 tobilleras que están en manos del Poder Judicial, distribuidas en 18 provincias, solo la mitad estan en funcionamiento. 

Este jueves fue publicado en el Boletín Oficial un plan que el gobierno ya había lanzado hace algunas semanas. Se trata del Plan Nacional para la Prevención de Femicidios y tiene entre algunos de sus puntos, objetivos fuertemente cuestionados por los sectores feministas. Este manotazo de ahogado que lanzó el Macrismo antes de las elecciones, no sólo llegó tarde sino que, aseguran, está mal enfocado. 

"Nos parece que tiene un enfoque punitivista y ese no es el camino. Necesitamos abordar este problema de forma integral. No se trata solamente de políticas que tengan que ver con más seguridad. El abordaje debe ser interdiciplinario y contar con la colaboración de los distintos organismos. Las fuerzas de seguridad son una de las instituciones que debe trabajar y el Poder Judicial también es de suma importancia, pero en absoluto son las dos únicas que importan", detalla Ferreyra y finaliza: "No nos parece que el plan vaya a resolver este problema que es bastante más complejo que poner más policía en la calle. La violencia machista tiene tiene un basamento cultural muy fuerte y tiene que ver con cómo están establecidas las relaciones de poder en esta sociedad. Es un problema de raíz que no se soluciona con maquillaje".