Durante los últimos años y lo que va de 2020, con sólo prestar un poco de atención a las noticias pudimos comprobar cómo la violencia y los asesinatos por orientación sexual y/o identidad de género se fueron acrecentando en todo nuestro país coincidiendo con su avance a nivel regional e internacional.

Desde agresiones físicas a brutales asesinatos, nuestra vergonzosa estadística argenta se fue llenando de nombres propios: La Chicho, Reyvis, Luis, Ariel, Erica, Camila, Bryan, Xoaquin, Laly Heredia, Pablo Borsato, Guti, Xixila, Lucía, Gisela, Mirna Antonella, Gala, Marcelo, Marcos, o Franco. Una lista de muchos más nombres, algunos -incluso- que nunca se conocerán escondidos bajo la burocracia policial, la desidia médica, o el silencio familiar.

Todas son víctimas -en algunos casos mortales- del odio hacia lo diferente, hacia una forma de sentir, ser, amar y desear que no acompaña los valores de la normalidad que la sociedad patriarcal y las iglesias pretenden imponernos a las personas LGTBI. 

Hoy día -como antes- el colectivo travestitransexual sigue siendo el más atacado. Según relevamientos de organizaciones de la sociedad civil como el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio hacia Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, en 2018 hubo 79 muertes de mujeres travestis y trans. Y a finales de Mayo de 2019, el número llegaba a treinta: una muerte cada 96 horas a causa de asesinatos, suicidios y travesticidios o transfemicidios sociales. A estos números se suman agresiones callejeras de todo tipo.

Con una extraña predilección anti puto el odio se instaló en la zona que delimita Almagro y Villa Crespo rondando la avenida Córdoba e -irónicamente- donde más lugares de ocio LGTBI existen. Parece un modus operandis: caminantes dispuestos a rompernos la cara, allá donde nuestro amor y nuestra alegría se transforma en orgullo visible. 

El resurgimiento de estos justicieros odiantes se relaciona directamente con la sensación de orgullo, visibilidad y libertad que hay cada vez en más jóvenes LGTBI. Ante nuestra alegría, explota su odio.

Decir sólo que hay ausencia del Estado no alcanza. Es ausencia pero también es inacción y desinterés. O sea, complicidad. No importa si es una complicidad consciente o inconsciente. La realidad es menos discutible: los golpes, las trompadas, los insultos y las muertes están y crecen. 

La alevosía de los asesinatos es alarmante: Laly Heredia Escobar, de 36 años, fue asesinada a balazos en el Camino de Cintura, a la altura de Los Pinos (La Matanza, provincia de Buenos Aires); La Chicho Chirinos, de 49 años, fue atacada en plena vía pública de la ciudad de La Plata (provincia de Buenos Aires), asesinada de 14 puñaladas; Yaritza Angélica Millones López, de 29 años, asesinada en su casa de Montserrat (ciudad de Buenos Aires); Gala Perea, de 19 años, asesinada en la ciudad de Lules (provincia de Tucumán); Marcelo Giudi, de 61 años, asesinado en Rosario (provincia de Santa Fe); Lucía Barrera, de 37 años, asesinada en Paraná (provincia de Entre Ríos); Gisela Corvalán, de 47 años, asesinada en Los Miranda (provincia de Santiago del Estero); Pablo Borsato, asesinado en Colón (provincia de Buenos Aires).

Un monstruo lleno de odio recorre la Argentina. En tanto, la Justicia aporta lo suyo pateando para el otro lado, enmarañando en procesos judiciales a personas LGTBI que se ven inmersas en juicios injustos, donde se las condena por ser lesbianas o trans que se defienden, como fue el caso de Mariana Gómez, o es el caso de Eva Analía De Jesús “Higui” o de Luz Aimé. Tres nombres simbólicos enjuiciados desde la sospecha más allá de su verdad, para endilgar la condena más dura para las víctimas más débiles (parafraseando a la doctora Luciana Sanchez, letrada del juicio por travesticidio contra el asesino de Diana Sacayán).

Andamios para la condena previa. Como en la Inquisición. Es esta apretadísima síntesis la que me lleva a reflexionar. Las políticas públicas hacia el colectivo LGTBI están muy bien. Entre otras cosas porque hemos luchado mucho por arrancárselas a los Estados. Pero las políticas públicas no alcanzan si no se cumplen en su totalidad y si se llenan de puntos de fuga por donde se difumina la dignidad de las personas LGTBI.

¿Cómo se llega a estas alarmantes cifras en un país que es desde hace varios años una referencia a nivel mundial en cuanto al marco legislativo de derechos hacia las personas LGTBI? ¿Cómo se gestaron las construcciones de estos discursos de odio que desembocan en la violencia, las agresiones y los asesinatos de personas LGTBI?

Con cada trompada, insulto, disparo o cuchillazo es el propio Estado el que se tambalea. Su ausencia para evitar cada ojo hinchado, cada labio partido, cada escupitajo, cada herida, es en sí un golpe colectivo a la sociedad toda, tan sensible a la muerte injusta de un joven masacrado a patadas, de una joven violada, asesinada y tirada en algún basural.

La crueldad y el odio con que nos atacan y matan a los putos, a las tortas y las personas trans sigue advirtiendo la deuda que los Estados tienen hacia nosotras y nosotros. 

Ojalá el Congreso de la Nación no sólo sea un hermoso monumento y legisle las leyes que aún nos debe. Ojalá que el Estado genere -ahora sí- los mecanismos para que no haya más violencia hacia las personas LGTBI involucrando a todos los sectores.

La Ley Antidiscriminatoria Nº 23.592 del año 1988, debe renovarse y actualizarse, incluyendo a la orientación sexual y la identidad de género, como causales de discriminación. Nos lo deben.

Por Gustavo Pecoraro (escritor y periodista, integrante de la Asociación Civil El Vahído)