“Poco ética, opresiva e inescrupulosa” es la práctica de negocios de Valve según la Nación Tribal Nativa Americana Quinault, que está demandando a la compañía por facilitar las apuestas ilegales en línea y competir de manera desleal con las operaciones de apuestas licenciadas y reguladas.
Los representantes de la Nación Quinault, ubicada en el estado de Washington, no presentaron la demanda porque son buenos samaritanos preocupados por las regulaciones, por supuesto, sino porque son los administradores de un hotel casino (el Quinault Beach Resort y Casino) y según argumentan, los negocios de la empresa los afectan directamente ya que aunque Valve no permite apuestas directamente en su sitio, sí ha facilitado la práctica en sitios externos.
Las skins de CS:GO, uno de los activos más importantes, también pueden ser compradas y vendidas en el Mercado de Steam y la demanda alega que ante la ley representan un “objeto de valor”, en particular porque Valve se queda con un porcentaje (quince por ciento) de cada transacción realizada.
“Como operadores licenciados de establecimiento de apuestas en Washington, la Nación debe cubrir costos, gastos y esfuerzo para asegurarse de cumplir con las estrictas leyes y regulaciones,” dice la demanda. “Ni Valve ni los sitios de internet de apuestas que utilizan los ítems de Valve cumplen con esas leyes y regulaciones de juego, y como resultado dañan a los consumidores.”
El texto también menciona las tan cuestionadasloot boxes (que son el medio para conseguir los ítems que después se venden o se exhiben en sitios de apuestas), comparándolas con las máquinas tragamonedas. En un momento en el que los gobiernos están discutiendo si estas cajas de contenido sorpresa son equivalentes a apuestas y pueden afectar a los más jóvenes, la demanda pone el dedo en la llaga.
Valve está acusada de violación del acta de protección al consumidor, interferencia intencional contractual, negligencia, y declaración de responsabilidades, y la Nación Quinault espera una compensación por los daños sufridos, restitución de todo el dinero obtenido de manera ilegal por la empresa y el cese de actividades.