El paso fugaz de los autos por la noche en General Paz, allí en el cruce con Emilio Castro. No se ven las patentes ni los modelos: solo la velocidad. Allí, donde comienza Lomas del Mirador para el lado de provincia, allí inicia el documental, en el mismo lugar donde Luciano Arruga fue atropellado en febrero de 2009 y en presencia de una camioneta de la Policía Bonaerense estacionada con las balizas apagadas.

Este jueves se estrena “¿Quién mató a mi hermano?”, dirigida por Ana Fraile y Lucas Scavino, centrado en el joven de 16 años que desapareció el 31 de enero de 2009, y fue encontrado muerto el 17 de octubre de 2014, tras haber sido enterrado como NN en el Cementerio de la Chacarita. Hasta la fecha, por orden del Tribunal Oral Criminal 3 de La Matanza, el único detenido es el policía bonaerense Julio Torales, quien recibió 10 años de prisión por aprietos y tortura. Pero no hay detenidos por la desaparición y muerte de Luciano.

El punto de vista desde el cual se posiciona la narración es Vanesa Orieta, quien luchó incansablemente por conocer la verdad sobre su hermano, el joven de 16 años nacido en el Conurbano. Por lo tanto, el film refleja no solo la impunidad y ausencia por parte del Estado y de las autoridades policiales sino también la indiferencia y el prejuicio social. ¿Qué implica la llegada del documental en el contexto actual? ¿Qué representa la imagen de Luciano Arruga en la actualidad y por qué se convirtió en un símbolo de lucha? 

Un pibe de Conurbano

Luciano no tenía antecedentes penales. En septiembre de 2008 la policía lo detuvo tras ser acusado de robar un mp3, lo llevaron a la cocina de la comisaría y lo golpearon, lo torturaron. Cuando consigue su libertad, Luciano confiesa que en realidad no había robado nada. El médico del Policlínico de San Justo que lo atendió la noche de la golpiza afirmó que el joven presentaba “traumatismo facial en la frente y pómulo izquierdo”. 

¿En qué contexto llega el documental? En la actualidad, a diez años de la desaparición, el film llega para movilizar esquemas, para despertar la conciencia. Es que los datos hablan por sí solos: según informó en 2018 la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), cada 22 horas en Argentina es asesinada una persona a manos de las policías y servicios penitenciarios. 

Esa violencia la sufren con mayor intensidad los sectores pobres, los pibes de barrio. “La sufrimos a diario, en particular en los sectores más vulnerables que son quienes deben ser disciplinados desde la cuna para que se resignen a una vida de explotación. El blanco primario de la represión de las fuerzas de seguridad son esos colectivos que tienen las mayores razones para dar el salto de conciencia y organizarse para romper con la explotación y la opresión. Por eso lxs más afectadxs son jóvenes pobres, migrantes, personas que sobreviven con tareas precarias en las calles, identidades y disidencias sexuales y de género”, explicó para este medio María del Carmen Verdú, abogada e integrante de la Correpi.

El gatillo fácil, según indica, es una de las dos modalidades más masivas, en términos de cantidad de muertes, de la represión en democracia, sólo superada numéricamente por las muertes en lugares de detención, 46,8% del total de casos de su archivo son personas que estaban detenidas; 39% son fusilamientos de gatillo fácil. 

“Ambas forman parte del conjunto de prácticas que implementan el control social sobre las grandes mayorías no organizadas de la clase trabajadora. A estas formas represivas se suman las modalidades dirigidas al disciplinamiento de los sectores organizados de la clase (represión, criminalización y muertes vinculadas a la protesta y el conflicto social)”, expresó.

En el Conurbano cada día crece más la inseguridad, el desempleo y la pobreza, como en todos lados. Sin embargo, cuenta con una condición extra impuesta por la sociedad: el estigma social. Tal es así que se instaló la idea de “pibe chorro” para los chicos de barrio, construida a nivel social y cargada de estereotipos, término que no analiza el contexto ni la desigualdad social sino que apunta con el dedo de acuerdo a su aspecto físico. Es que Luciano no fue el único: forma parte de un sistema que culpabiliza a los pibes del Conurbano y que los estigmatiza no solo a nivel social sino desde el Estado. 

Así lo entiende Vanesa, quien explicó en la Revista Márgenes: “Hay un estereotipo del pibe chorro, una tipificación. Eso deriva en un montón de situaciones como la ‘señora de bien’ que está caminando por la calle y le viene el ‘niño del mal’, entonces se agarra la cartera, camina rápido. Se piden policías que controlen los barrios pobres porque ahí están todos los chorros. Yo te digo ‘pibe chorro’ y vos ya te imaginaste la foto: la gorrita, la cara, el color de piel”.

Es que el ideal se instaló desde los medios de comunicación y desde las diferentes instituciones, y se reproducen en el imaginario colectivo. Así se observa en una de las escenas del documental, cuando la familia y amigos de Luciano instalaron una radio abierta llamada “Zona Libre” en la puerta del destacamento policial donde había sido visto con vida por última vez, con el fin de exigir avances en el caso, y recibieron el repudio de vecinos y vecinas, quienes les exigían que se retiren para poder tener el barrio tranquilo. A pesar de que estaban luchando por encontrar a un hermano, a un amigo.

Pero además, el lanzamiento del documental llega en plena etapa electoral, luego del desarrollo de las PASO y en espera de los debates presidenciales y el voto final de octubre. Durante su gestión, el Gobierno actual puso en duda todo lo que ocurrió con Luciano Arruga. Así lo manifestó la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien expresó: “Todo lo que se construyó en el caso de Arruga se demostró que era mentira” y añadió: “Con el caso Arruga se encontró la prueba de que nunca se lo había llevado la policía, que apareció en la General Paz porque lo había atropellado un auto y que estaba como N.N enterrado”.

Sin embargo, los testigos no dicen lo mismo. Tras la muerte de Luciano, se abrió una causa por homicidio culposo en el Juzgado Nacional en lo criminal de instrucción N°16 donde declaró el conductor que atropelló a Luciano; según comentó, cruzó la avenida corriendo "desesperado" ya que "parecía que estaba escapando". Además, un motociclista que se paró a ayudar a Arruga contó al juez Juan Pablo Salas que vio una camioneta policial parada con las luces apagadas. Según indica el documental, hubo varios patrulleros que no emitieron registro de posicionamiento, por lo cual no se conocía su paradero. 

En diálogo con el programa A mí no me importa, Vanesa le respondió: "No nos causa sorpresa los dichos de la ministra. Hace tiempo que todos los familiares venimos con una sensación de bronca cada vez que los escuchamos, en otras oportunidades, justificando y avalando el accionar por parte de las fuerzas de inseguridad. Justificando las muertes de pibes y pibas de barrios humildes”. 

Lo mató la policía y lo desapareció el Estado

Parece un policial de ficción, pero no lo es. La realidad lo superó esta vez. El documental exhibe el caso con material de archivo, fragmentos del juicio, marchas, relatos de familiares, vecinos, amigos, militantes y activistas. Durante los 88 minutos de duración, expone un relato que estremece la piel y que impacta en el espectador. Un documental de denuncia, que realiza una reconstrucción rigurosa de la lucha por saber la verdad del caso. Un reflejo de la complicidad policial y judicial para trabar la investigación. Un film necesario que deja un final abierto porque todavía no hay respuestas. 

Vanesa fue la encargada de comenzar a preguntar e incomodar a los policías y quien finalmente lidere todo el movimiento en busca de justicia. Una mujer que se pone al hombro la lucha de familiares y amigos, que le pone voz a todo el dolor, una mujer que lidera una revolución en búsqueda de su familiar desaparecido, escena que recuerda a la etapa de la dictadura militar en Argentina en 1976 con las Madres de Plaza de Mayo. Justamente, en el film se expone el encuentro entre Vanesa y Nora Cortiñas, quien comparte su dolor: “Te entiendo hija, yo sigo esperando a Gustavo, llorando a mi hijo”.

Pero además, muestra queLuciano se convirtió en un símbolo de lucha simbólica, de no bajar los brazos, de desenmascarar la injusticia y el abuso de poder por parte de las autoridades. Así se puede ver con cada marcha, con cada pintada en la pared con la cara de él. 

“Las desapariciones forzadas en democracia son probablemente la modalidad más silenciada de la represión estatal”, afirma Verdú y añade: “El caso de Luciano, a partir de la lucha sostenida por su familia, apoyada por las organizaciones antirrepresivas y la prensa autogestiva e independiente, rompió ese silencio mediático, llegó a la prensa hegemónica a fuerza de movilización y permitió visibilizar esos dos centenares similares de pibes y pibas desaparecidxs con intervención del aparato estatal desde 1983”.

“A Luciano lo mató la policía y lo desapareció el Estado”, dicen algunos de los carteles. Porque, como dijo Vanesa Orieta una vez y se muestra en el documental, “estas cosas pasan y siguen pasando”. El título es claro, marca una posición y resume lo que se pregunta el documental, lo que se pregunta Vanesa y toda una sociedad hace años.