Nisman: el fiscal, la presidenta y el espía es el nombre del nuevo documental de Netflix que está en boca de todos. La muerte de Alberto Nisman en 2015 ha sido uno de los casos más discutidos por la opinión pública, por su utilización política y las diferentes versiones de lo que sucedió en la casa del fiscal en aquella fatídica noche de enero.

El documental en el que el multipremiado documentalista Justin Webster trabajó durante cuatro años intentar ofrecer una mirada objetiva al caso, dándole voz a las dos teorías (la del asesinato y la del suicidio) entrevistando a periodistas, parte del equipo forense, la fiscal Fein, abogados de la ex querella y acusados y, quizá el gran logro de la producción, al ex espía y representante de la CIA en la Argentina Ross Newland y al enigmático ex agente de la SIDE Antonio Stiuso.

Asimismo Nisman: el fiscal, la presidenta y el espía propone un final abierto, para que como si de una novela de misterio inconclusa se tratase, el espectador llegue a sus propias conclusiones. Esa decisión de no inclinarse a favor de una de las dos versiones ha sido cuestionada por parte de la crítica, porque deja la puerta abierta a la interpretación de lo que gran parte de los entrevistados consideran hechos irrefutables sostenidos por la evidencia que se presenta en la propia serie.

El periodista Pablo Duggan, autor del libro ¿Quién mató a Nisman? destacó en su programa de Radio 10 que aunque la serie es muy buena, tiene varias cuestiones a criticar, en particular la intención del director de dejar el final abierto. Duggan asegura que hay pruebas suficientes para confirmar que se trató de un suicidio más allá de las cuestiones que tienen que ver con intereses particulare, aún cuando el director se escude en el equilibrio y la imparcialidad ante el caso.

Uno de los hechos más discutidos en la serie tiene que ver con el orificio de entrada de la bala que terminó con la vida de Alberto Nisman. El documental entrevista a abogados de la ex querella y utiliza material de archivo en la que la ex esposa del fiscal, Sandra Arroyo Salgado, quienes aseguran que el disparo fue detrás de la oreja —casi en la nuca—, lo que indicaría la presencia de una segunda persona en el lugar. 

El propio Diego Lagomarsino, el informático acusado en la causa y quien dueño del arma que terminó con la vida del fiscal, publicó en sus redes sociales la incompatibilidad de las declaraciones con los resultados de las pericias. De hecho también pone el foco en uno de los peritos, el licenciado Daniel Salcedo (criminalista y ex jefe de la Policía Bonaerense) y asegura que cuando el momento en que Webter le repregunta refutando su teoría respecto de los residuos de disparo (GSR por sus siglas en inglés) es “EL momento del documental”.

Duggan, al igual que otro de los expertos en el caso, el periodista de Página 12Raúl “Tuny” Kollmann (entrevistado en el documental), apunta contra la figura del falso espía Allan Bogado. Según las impresiones del a serie que Kollmann publicó en Página 12, aunque el fiscal planteó en su denuncia a Bogado como un hombre fundamental en el acuerdo con Irán, el hombre en realidad había sido denunciado por Stiuso por identificarse como parte de la Secretaría de Inteligencia sin serlo.

Para Kollmann el ex espía queda en evidencia cuando Webster le pregunta si no le dijo al fiscal que consideraba clave a un hombre que él mismo había denunciado y nunca había estado fuera del país, y no tiene respuesta para dar.

La denuncia de Nisman contra Cristina Kirchner en la causa del Memorándum con Irán, que en medio de su recorrida por los canales de televisión anticipó en el programa A Dos Voces de TN, también es puesta en duda por uno de sus conductores, el periodista Edgardo Alfano. 

“A mí no me cierra la denuncia, no me cierra en cuanto a la prueba,” cuenta el periodista que pasaba por su cabeza mientras escuchaba al fiscal, cuestionando que si tenía más evidencia no había razón para no aportarla en ese momento. 

Según la acusación, el gobierno argentino había pactado con Irán el levantamiento de las alertas rojas de Interpol contra los acusados del atentado contra la AMIA a cambio de acuerdo comercial que incluía soja y petróleo. Sin embargo desde la propia Interpol negaron que hubiera habido un pedido para levantar las alertas rojas.