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Amado Boudou no tiene respiro: tras lograr que la prisión preventiva que recaía sobre él en la causa por la rendición irregular de viáticos que realizó cuando era Ministro de Economía sea revocada, el fiscal federal Jorge Di Lello pidió citarlo nuevamente a declarar por el mismo caso al adjudicarle dos hechos más.
La ampliación de la imputación presentada por Di Lello volvería a sentar al ex vicepresidente en el banquillo de los acusados junto a su ex secretario privado Carlos Romano, con quien se sometería nuevamente a declaración indagatoria, cuya palabra final tendrá el juez Ariel Lijo.
En la nueva presentación, el fiscal hace referencia a dos facturas, una por 19.937 euros y otra por 3.863 euros, por las que ni Boudou ni Romano fueron investigados aún.
En el caso de la primera, se presentó como parte de una rendición de un viaje a París (Francia), en diciembre de 2010 por 19.937 euros, la número 88.636 que firmó Romano por pagos de "sala de reuniones y traslados del señor Ministro y comitiva" entre el 12 y el 16 de diciembre de 2010.
La otra, número 79.263, se presentó por 3.863 euros como "gastos eventuales" de otro viaje a París de Boudou, en una gira que incluyó Roma y Milán, en Italia, entre el 14 y 19 de marzo de 2010.
Para Di Lello, esto representa "prueba suficiente" para ampliar las indagatorias y acusar a Boudou por estas dos rendiciones de viáticos que según pruebas en la causa, serían falsas.
En el caso de la factura N° 79.263, el hotel Bel AMI de París, respondió en base a un exhorto enviado desde la Justicia Argentina que el número de factura como el huésped, "Ministerio de Economía argentino", y las fechas "no concordaban con la información registrada".
Boudou, Romano y el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Economía Guido Forcieri ya están procesados en la causa por otras rendiciones apócrifas.
Di Lello consideró que Boudou y Romano deben ser indagados por estos dos nuevos hechos antes de cerrar la investigación para su envío a juicio oral.
La entidad manifestó en un comunicado que la ONU es una institución central para “promover y proteger” los derechos humanos en el mundo.
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