La fiscal general argumentó que se trató de un asesinato premeditado y sostuvo que el ataque estuvo motivado por razones políticas.
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Es un litigio por $ 5.655 millones. Tecpetrol, la petrolera del grupo liderado por Paolo Rocca, reclama el pago de un subsidio a la totalidad de su producción de gas en el bloque Fortín de Piedra.
La petrolera Tecpetrol, del grupo Techint, reclamó a la Justicia la nulidad de las resoluciones de la Secretaría de Energía ya que sostienen que esas medidas modificaron las condiciones en que debían liquidarse las compensaciones previstas desde 2017 para la nuevas producciones de gas no convencional, en la formación de Vaca Muerta.
La acción judicial dispuesta por la petrolera se produce luego de que el Gobierno nacional rechazó el 1 de abril el recurso administrativo de la empresa por eventuales compensaciones impagas en la producción de su área Fortín de Piedra, en Vaca Muerta, al afirmar que "no corresponde pagar subsidios por encima del volumen informado y aprobado".
En su planteo, Tecpetrol solicitó a la Justicia el reconocimiento de los montos dejados de percibir con motivo del supuesto cambio de criterio de la Secretaría, los cuales ascienden para los meses de agosto, septiembre y octubre de 2018 a un monto de $2.500 millones, es decir unos U$S 55 millones a tipo de cambio actual, más los intereses correspondientes.
Esa cifra refleja la diferencia de precios de tres meses, pero para todo el año, la demanda asciende a 5.655 millones de pesos.
La empresa lleva invertidos más de U$S 1.800 millones en su proyecto Fortín de Piedra "confiando en la letra y el espíritu de la Resolución 46/2017", argumentó la compañía al asegurar que esa nueva producción de gas aportó a "transformar la matriz de producción de gas en Argentina y contribuyendo a bajar el costo de la energía".
El Gobierno había planteado oportunamente que la empresa "tenía la obligación de presentar información completa, veraz y actualizada y comunicar de inmediato toda novedad que afectara de manera significativa el proyecto", por lo cual concluyó que "lo pretendido por Tecpetrol es irrazonable y constituiría un abuso de derecho".
La fiscal general argumentó que se trató de un asesinato premeditado y sostuvo que el ataque estuvo motivado por razones políticas.
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