El fiscal Eduardo Taiano es responsable de la causa abierta tras la denuncia de Juan Grabois y Itai Hagman.
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Imputaron a Javier Milei en la causa que investiga su participación en la estafa cripto
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Tras ser derrotado en las elecciones legislativas, el gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, implementó un fuerte ajuste en las cuentas públicas provinciales, con salarios congelados hasta fines del año que viene y reducción de las estructuras del Estado.
El mandatario también ordenó un relevamiento exhaustivo de los empleados públicos y sus funciones, así como la suspensión de nuevas designaciones. El objetivo es reducir el déficit fiscal y, según el ministro de Economía, Emiliano Estrada, "este es un primer paso para mejorar el desempeño de las cuentas públicas".
A través del Decreto 1603, Urtubey suspenderá los aumentos salariales a funcionarios públicos, incluyendo ministros, secretarios, subsecretarios y funcionarios de la administración pública centralizada, descentralizada y sociedades del Estado, entre otros, si bien no están incluidos los empleados de esas áreas.
Se congelará el sueldo de los funcionarios provinciales https://t.co/mAe4CTkZig pic.twitter.com/27Cvki2YO2
— Gobierno de Salta (@GobiernoSalta) 23 de noviembre de 2017
El decreto ordena a los ministros y al secretario general de la Gobernación presentar un "plan de modernización y adecuación de las estructuras organizativas" para reducirlas en no menos del 20%. La norma aclara que ese recorte no supone disminuir la planta de trabajadores permanentes y temporarios.
Los ministros también deberán presentar a la Jefatura de Gabinete provincial, a más tardar el 10 de diciembre próximo, un detalle del "rol y funciones" de cada empleado a su cargo, incluyendo a aquellos "sin rol específico".
Además, el decreto prohíbe designar personal o hacer cualquier cambio en las estructuras "cuando ello implique un incremento del costo" en las partidas destinadas a personal.
Por otro lado, la medida ordena promover la jubilación de empleados públicos. Para ello, dispone que toda la administración pública a remita a la Secretaría de Trabajo, antes del 31 de diciembre, un listado de todos los empleados públicos en condiciones de jubilarse, con la precisión de si ya fueron intimados a iniciar el trámite para hacerlo.
El decreto se completa con un plan de retiro voluntario para los empleados de planta permanente. También, se suspenden el pago de comidas a quienes trabajen fuera de horario y cancela hasta el último día de 2018 cualquier aumento en los viáticos y la compra de bienes de uso (un auto o una impresora, por ejemplo) con fondos provinciales.
Otra de sus disposiciones consiste en congelar hasta fines del año que viene el gasto en publicidad oficial, recuperar todas las líneas de celular que hoy usan los funcionarios para redistribuirlas una vez que se complete la "reducción en las estructuras" y suspender el uso de autos del parque automotor del Poder Ejecutivo provincial por fuera del horario de 8 a 18.
El fiscal Eduardo Taiano es responsable de la causa abierta tras la denuncia de Juan Grabois y Itai Hagman.
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