Aunque hoy es dificil de creer, hace 37 años divorciarse no era legal en Argentina. Es decir que disolver un matrimonio consumado por la ley nacional no era posible hasta que un 3 de junio de 1987 se aprobó la Ley de divorcio vincular, o Ley 23.515.

Se trata de una legislación argentina que modificó el Código Civil de 1871 que permite la disolución de la unión matrimonial entre cónyuges. Luego de la media sanción en la Cámara Alta, la ley fue promulgada el 12 de junio del mismo año por el entonces presidente Raúl Alfonsín.

¿Por qué tardó tanto en aprobarse? La Iglesia católica, en primer lugar y otros grupos conservadores se mostraban en contra de avanzar con esta ley bajo la creencia de que su aprobación terminaría por romper con la institución familiar y acabaría, supuestamente, con un desorden social.

El entonces obispo de Mercedes, Emilio Ogñénovich fue uno de los principales detractores y organizó una procesión desde la ciudad de Luján hasta la Plaza de Mayo bajo el lema "la familia es garantía y esperanza en nuestra patria".

Esta movilización fue apoyada por la Ucedé, Partido Unión Popular y el MID, sectores ortodoxos del peronismo - como el entonces gobernador de La Rioja, Carlos Saúl Menem-, y del sindical.

"Sepan, cuando pretenden atentar contra el matrimonio y la familia, que sobran corazones valientes, sobran católicos con capacidad de héroes para defender lo que es pilar básico de la sociedad argentina: la familia y el matrimonio", expresó Ogñénovich en su momento.

El debate y su posterior aprobación dividieron a la sociedad, al arco político y la misma Iglesia Católica que contaba con sectores más conciliadores que mantuvieron una posición crítica pero abierta. 

"El divorcio es un mal, pero es un mal para los católicos, y no podemos imponer en una sociedad plural una ley que toca a los católicos. Son los católicos los que tienen que cumplirla y no el resto", manifestó en aquel entonces el obispo Justo Oscar Laguna, más progresista que su par mercedino.

Finalmente, el 19 de agosto de 1986 se aprobó el proyecto de ley en la Cámara de Diputados. Diez meses más tarde, con 177 votos a favor y 35 en contra, el Senado también le dio su aval. Finalmente el 3 de junio de 1987 el Congreso de la Nación aprobó la Ley 23.515 que permitió no solo divorciarse sino también volver a contraer matrimonio.

De este modo, luego de varios reclamos sociales y tensiones, la Ley 23.515 saldó un reclamo histórico al habilitar la separación legal de los cónyuges y la posibilidad de que los mismos pudieron casarse nuevamente. La norma entró en vigencia el 12 de junio, con su publicación en el Boletín Oficial.

Hace pocos años, el 31 de julio de 2015, se sancionó un nuevo Código Civil y Comercial que liberalizó aún más la tramitación del divorcio y estableció nuevas normas familiares más liberales como la creación de la unión convivencial e incluso estableció la aplicación del mismo para los trámites iniciados con anticipación.