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La medida toma lugar tras la aprobación del informe final de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de la gestión de la pandemia de coronavirus, que acusó al mandatario de nueve delitos, entre ellos el de "crímenes contra la humanidad”.
La Fiscalía de la República Federativa de Brasil finalmente decidió abrir una investigación preliminar para estudiar el informe de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) que analiza la gestión de la pandemia de coronavirus, donde se acusó a Jair Bolsonaro de nueve delitos, entre ellos el de "crímenes contra la humanidad".
El documento, que cuenta con cerca de 1.300 páginas y con el que la Comisión concluye seis meses de trabajo, propone la imputación a un total de 78 funcionarios por distintos delitos cometidos durante la gestión de la pandemia de coronavirus.
La apertura de investigaciones preliminares es habitual en este tipo de casos, por lo que se analizará las pruebas presentadas por la CPI y adoptará una decisión sobre si solicita una investigación formal por parte del Supremo Tribunal Federal (STF) y el Superior Tribunal de Justicia (STJ).
El fiscal Aras ordenó de inmediato 10 medidas preliminares, incluida la verificación sobre la posible existencia de procedimientos relacionados con las investigaciones de la CPI y la notificación a fiscales ya involucrados en procesos relacionados con la pandemia para acceder al material.
El documento de la CPI pide a estos organismos que se acuse a Bolsonaro de nueve cargos relacionados con la pandemia: comisión de delito epidémico con resultado de muerte, violación de medidas sanitarias preventivas, curanderismo, prevaricato, empleo irregular de fondos públicos, incitación al delito, falsificación de documentos privados, delito de responsabilidad y delitos de lesa humanidad.
Además, se presenta como evidencia una serie de imágenes del presidente animando a multitudes, declaraciones contra las vacunas o su apoyo al consumo de cloroquina, un medicamento ineficaz para el tratamiento sobre pacientes enfermos de Covid-19.
De momento Bolsonaro no mostró ninguna reflexión al respecto de lo denunciado, planteando que desde su administración hicieron "lo correcto desde el primer momento" y que su Gobierno "no es culpable de absolutamente nada".
La acusación llega en uno de los peores momentos de popularidad de Bolsonaro, donde las encuestas para las elecciones del 2022 lo ubican detrás del expresidente Lula, en lo que decididamente será el evento que marque la agenda regional y global el año próximo.
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