El gobierno suspendió su aplicación a fines de septiembre, con la justificación de que el Congreso tenía que establecer su fuente de financiamiento.
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La Justicia ordenó la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad
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Siendo uno de los principales ejes de su campaña en contra de la gestión democrática de Barack Obama, el tratado nuclear con Irán es uno de los principales puntos a modificar por Donald Trump, considerando que el pacto firmado en 2015 favorece al crecimiento armamentístico de Irán.
Ante esto, el presidente de Estados Unidos decidió brindar una conferencia de prensa desde la Casa Blanca en la que amenazó con abandonar el acuerdo de Teherán si no se corrigen sus "defectos" que favorecen a Irán.
Esto generó el reproche desde las partes, ya que Trump pretende que sea a través de una negociación internacional o una ley del Congreso estadounidense, y volvió a al sancionar al Cuerpo de Guardianes de la Revolución iraní.
"En caso de que no podamos llegar a una solución trabajando con el Congreso y nuestros aliados, el acuerdo será cancelado", aseguró, recibiendo el apoyo de los líderes de Israel y Arabia Saudita, que destacan la solvencia con la que se impone al "régimen terrorista".
También advirtió que Estados Unidos no continuará "por un camino cuya conclusión predecible es más violencia, más terror y la amenaza muy real de un brote nuclear en Irán". Sin embargo, no ha recibido de algunas naciones como Francia, Reino Unido y Alemania, que firmaron el acuerdo.
Según destacan desde la Casa Blanca, se buscarán cambiar los "débiles mecanismos de inspección", hacer frente al "programa de misiles balísticos" de Teherán y eliminar las "fechas de caducidad" de las restricciones impuestas, que en algunos casos expiran después de entre 10 y 25 años.
En el centro de las discusiones con Corea del Norte, Estados Unidos abre un nuevo frente de conflicto militar que podría generar una fuerte crisis en Medio Oriente. Más allá de las palabras cruzadas, el bloque internacional intentará reponer el diálogo.
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El gobierno suspendió su aplicación a fines de septiembre, con la justificación de que el Congreso tenía que establecer su fuente de financiamiento.
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