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Actualidad -
El escándalo de los aportantes truchos de la campaña de Cambiemos se ramifica y Margarita Stbolizer pidió sumarse ahora a la causa como Amicus Curiae y presentará ante el juez Sebastián Casanello nuevos casos de aportantes a las campañas 2015 y 2017.
La ex candidata a senadora en la última campaña se hace eco de la denuncia de El Destape, que mostró cómo Cambiemos hizo figurar a personas humildes y candidatos municipales como aportantes de su campaña para blanquear millones de pesos.
"Esta maniobra esconde una compleja estructura de corrupción. En algunos casos se trata de empresarios que desean solventar las campañas electorales por encima de los límites legales. Pero en otros, se trata de dinero sucio proveniente de la corrupción", expresa Stolbizer.
Pero la dirigente progresista destaca el caso en particular de la empresa de seguridad Murata S.A., ligada al ex policía Roberto Reglewski destituido de la fuerza por un escándalo de corrupción.
La utilización de los beneficiarios de planes sociales como aportantes truchos no puede pasar como si nada. En un país serio se identifica al funcionario responsable del más alto rango que debe salir eyectado de su sillón.
— Margarita Stolbizer (@Stolbizer) 18 de julio de 2018
Murata S.A. es la empresa que contrata el Instituto Nacional de Tecnología Industria (INTI) para custodiar el predio ante la protesta de los trabajadores despedidos a principio de año. "Por mes el INTI les está pagando a MURATA SA casi $1.3000.000", detalla Stolbizer en su denuncia.
En contraparte por los contratos que la empresa obtiene del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y del INTI, aportó a través de sus empleados $295 mil para la campaña electoral de 2015. Además, Raglewski donó como particular $500 mil más.
Como agravante, explica Stolbizer en su denuncia, Murata recibe los pagos del Estado sin licitaciones ni trámites reglamentarios de competencia entre privados.
La donación de empresas privadas a partidos políticos está prohibida desde 2009 luego de las denuncias a la campaña de Cristina Kirchner y Julio Cobos por recibir financiamiento de laboratorios ligados al tráfico de efedrina.
