La fiscal general argumentó que se trató de un asesinato premeditado y sostuvo que el ataque estuvo motivado por razones políticas.
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Piden la pena de muerte para Luigi Mangione por el asesinato del ejecutivo de UnitedHealthcare
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En medio de una fuerte custodia policial, el empresario kirchnerista Lázaro Báez fue trasladado este martes por la noche desde el penal de Ezeiza hasta la clínica privada Los Arcos a raíz de una arritmia.
Según confirmaron fuentes judiciales a NA, el empresario permanecerá en ese centro de salud del barrio porteño de Palermo hasta tanto se le practiquen todos los estudios correspondientes y se encuentra "estable".
En tanto, el abogado Gabriel Palmeiro, que integra la defensa de Báez, informó que su cliente será derivado este jueves a otro sanatorio, ya que Los Arcos "no tiene la tecnología para hacer el estudio que requiere el paciente".
Baez, que ya había sido tratado por esa dolencia en la cárcel y que la padece desde antes de su detención, sufrió un cuadro de arritmia con parámetros "fuera de lo habitual" y el personal médico del Servicio Penitenciario Federal pidió un control externo.
Apenas ingresó, después de las 20.30 del martes, el empresario preso estuvo acompañado por el médico del Servicio Penitenciario y permanece con él personal del GEOP, fuerza especializada de seguridad.
Báez, detenido desde el 5 de abril de 2016 por presunto lavado de dinero, reclamó en reiteradas ocasiones la prisión domiciliaria debido a problemas en su estado de salud, aunque su reclamo no le fue concedido en las diferentes instancias judiciales.
Según señaló en octubre pasado la defensa del empresario, Báez sufre de un "estado depresivo ansioso" y reclamó en ese sentido que la Justicia le impusiera el programa de vigilancia electrónica, para que fuera monitoreado en su domicilio particular.
Incluso, la defensa presentó el informe del Cuerpo Forense que sostiene que el empresario padece de diabetes, hipertensión y asma, aunque ese estudio entiende que no hay argumentos para otorgar una prisión domiciliaria, algo en lo que no coincide su abogado, Maximiliano Rusconi.
La fiscal general argumentó que se trató de un asesinato premeditado y sostuvo que el ataque estuvo motivado por razones políticas.
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