La medida indica que quienes busquen acceder a los beneficios tendrán que certificar que sus terrenos están dentro de las áreas afectadas.

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Ante el anuncio para la colocación de cámaras de seguridad en las unidades, Lescano precisó que, en principio, "no se puede dar cumplimiento a esa ley"
Unos 18 robos violentos se registran cada día a bordo de colectivos del Conurbano bonaerense, según un informe elaborado por la Comisión Nacional de Familiares de Víctimas del Transporte Público (CNVTP).
Del relevamiento se desprende que en el Gran Buenos Aires existen unos 550 casos por mes, lo que representa un incremento interanual del 175% en esta clase de episodios, con una enorme cantidad de pasajeros y choferes que son víctimas de la escalada delictiva.
Tras el asesinato del colectivero, otro crimen sacude a La Matanza Frente a esta situación, Lescano apuntó contra las autoridades y señaló: "En este tipo de casos la primera víctima, fuera de los pasajeros, es la verdad. Las estadísticas del Estado no son confiables por falta de denuncia, pero también por una cuestión de transparencia".
"Se ocultan o se denuncian porque hay una connivencia entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Roberto Fernández, las empresas de transporte y el Estado. En el medio, pierde el usuario", se lamentó.
"Si se trabajara bien de noche, con la falta de prevención que existe, habría muchos más casos y peores", advirtió, mientras consideró que ahora "eso se traslada a delitos contra la gente que espera en las paradas" y por eso habló de que "existen responsabilidades penales de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT)".
"El 65% de los colectivos que están funcionando dentro del parque automotor están pasados de antigüedad o en una situación de prórroga, es decir que no reúnen las condiciones legales para que se puedan beneficiar de una ley en vigencia como la de instalación de cámaras", argumentó.
"Hace muchos años, cuando no había tantos casos de inseguridad arriba de los colectivos, ya había un sector con una mezcla sindical, política y empresarial para instalar cámaras de seguridad. De hecho, en aquel momento hubo casos de cortes de dedos a choferes sin ningún robo. Parecía como si quisieran sembrar miedo. Las cámaras no van a servir. Dan lugar a negocios multimillonarios de un sector ajeno a los intereses de trabajadores y usuarios", recordó.
Finalmente, el especialista pidió que la solución del Estado se manifieste en forma de prevención. "Se tiene que hacer dentro de los barrios. Somos el único país en el mundo con tantas fuerzas de seguridad, entonces recursos sobran. Hay una mala conducción de los municipios y una falta de coordinación entre los distintos ámbitos", concluyó.
Fuente: NA
La medida indica que quienes busquen acceder a los beneficios tendrán que certificar que sus terrenos están dentro de las áreas afectadas.
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