La fiscal general argumentó que se trató de un asesinato premeditado y sostuvo que el ataque estuvo motivado por razones políticas.
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Un ex policía de 54 años, que había estafado a varias personas haciéndose pasar por abogado y asesor de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, fue detenido por personal de la Policía provincial en la localidad de La Tablada.
El hecho se constató cuando un oficial de policía de La Matanza radicó la denuncia por estafa y, a raíz de ello, se pudo identificar y apresar a un sujeto, mayor de edad, que manifestaba ser abogado, como así también era asesor de la gobernadora y del Ministerio de Seguridad, teniendo conocidos en el Poder Judicial de distintos Departamentos Judiciales.
El "falso asesor", identificado como Claudio Correa, fue aprehendido en las inmediaciones de calle Miralla y Arieta de la localidad de La Tablada, cuando iba a ser "linchado" por un grupo de vecinos que habían sido víctima de sus dichos.
Los damnificados, en primera instancia, dos argentinos de 62 años y una dominicana de 34 años, en uno de los casos, argumentaron ciertos detalles de las maniobras que utilizaba Correa para sus estafas.
De acuerdo a las declaraciones, el delincuente les entregaba una tarjeta de abogado. En uno de los casos, la mujer dijo que le entregó tres mil pesos para iniciar los trámites de divorcio, y el estafador se resguardaba diciendo que utilizaría sus influencias en el Poder para "tramitarlo en forma rápida".
No obstante, en otra de las declaraciones, uno de los damnificados sostuvo que este sujeto semanas atrás lo había amenazado a cambio de una suma de dinero, manifestándole que Gendarmería Nacional le iba a realizar un allanamiento porque en su domicilio acopiaba droga de un vecino y que utilizando sus influencias no pasaría nada.
Sin embargo, y de acuerdo a las investigaciones, se logró constatar que además había estafado al menos a otras cuatro personas más.
Finalmente al "falso asesor privado y abogado", exsargento retirado en 2008 de la Policía Federal, se le secuestraron: varias tarjetas personales como abogado y panfleto con propaganda de trámites judiciales.
La fiscal general argumentó que se trató de un asesinato premeditado y sostuvo que el ataque estuvo motivado por razones políticas.
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