La medida indica que quienes busquen acceder a los beneficios tendrán que certificar que sus terrenos están dentro de las áreas afectadas.

Extienden la declaración de emergencia agropecuaria en Chaco y Santa Fe
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El 11 de marzo de 2008, Cristina Kirchner anunciaba un esquema de retenciones móviles a la soja
El 11 de marzo de 2008 es una fecha muy recordada en el sector agropecuario y en la sociedad argentina en general. Ese día, el Gobierno presidido por Cristina Fernández de Kirchner lanzó la Resolución 125, que generó una crisis política muy importante.
La Resolución fue creada por el entonces ministro de Economía Martín Lousteau, y contaba con el apoyo del polémico secretario de Comercio Guillermo Moreno. Su objetivo era generar recursos adicionales para garantizar el superávit fiscal primario de 2008, a partir de la aplicación de un esquema de retenciones móviles a las exportaciones de soja. La resolución apuntaba a obtener ingresos fiscales desde el sector más concentrado de la economía nacional. El nuevo incremento del impuesto significaba unos 3.000 millones de dólares más en concepto de recaudación para el Estado Nacional.
Sin embargo, la medida encontró un inmediato rechazo entre los dirigentes y productores rurales. Se realizó una extensa protesta con cortes de ruta y medidas de fuerza. Sus críticos definieron a la Resolución 125 como “recaudatoria y confiscatoria". El tenso conflicto finalizó el 17 de julio de 2008 con la derogación de la medida en el Senado, tras el famoso “voto no positivo” del ex Vicepresidente Julio Cobos.
Luego de 129 días de conflicto, el 18 de julio del mismo año, el ex Jefe de Gabinete y actual Presidente de la Nación, Alberto Fernández anunciaba que, por decisión de la presidenta Cristina Kirchner, se daba marcha atrás con las retenciones móviles. De esta forma las retenciones volvieron al nivel del 35% anterior a la emisión de la polémica medida. Finalmente, el 23 de julio el Jefe de Gabinete renunciaba a su puesto.
El mes de marzo de 2008 es especialmente recordado por los ruralistas. Durante este mes, las entidades que representan a los productores agropecuarios se unieron con el objetivo de oponerse a la 125. La Federación Agraria Argentina (FAA), Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA), pasaron a conformar la Mesa de Enlace.
La medida indica que quienes busquen acceder a los beneficios tendrán que certificar que sus terrenos están dentro de las áreas afectadas.
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