El decreto 934/2025 mantiene el freno a las incorporaciones y define excepciones para áreas estratégicas, con un esquema de compensación de dos bajas por cada alta.

El Gobierno prorrogó la suspensión de contrataciones en el Estado
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El escándalo que ha afectado a muchos países del continente americano comienza a generar sus primeras consecuencias para la empresa Odebrecht, que confirmó haber otorgado millones de dólares en carácter de sobornos a líderes políticos y empresarios.
Tras una larga mediación, el gobierno de Panamá y la constructora acordaron que se le brindará un pago de 220 millones de dólares al estado, en carácter de sanción, y participará en las investigaciones a los implicados en el caso, donde se destaca el ex presidente Ricardo Martinelli.
"El pasado 26 de julio el Ministerio Público (Fiscalía) firmó un acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht", anuncia Kenia Porcell, fiscal de la causa, tras el reconocimiento de la constructora de haber pagado más de 59 millones de dólares en coimas entre 2010 y 2014.
Entre las nuevas causas de corrupción, la empresa ya aseguró que hay una lista de 43 nombres importantes que enfrentarán acusaciones, aunque no revelará los nombres para mantener. Sin embargo, se supo de la presencia del ex mandatario, algunos de sus hijos y funcionarios de dicho gobierno.
"Trabajamos con la certeza de que estamos encabezando un proceso histórico de lucha contra la corrupción como nunca antes había ocurrido en el país", agregó Porcel sobre el destape del escándalo a nivel mundial.
Actualmente, la empresa está llevando adelante distintas obras en Panamá, como la renovación de la ciudad de Colón (norte), la ampliación del aeropuerto internacional de Tocumen y la línea dos del metro capitalino, todas exentas de irregularidades.

El decreto 934/2025 mantiene el freno a las incorporaciones y define excepciones para áreas estratégicas, con un esquema de compensación de dos bajas por cada alta.
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Dijo que la medida busca profesionalizar el funcionamiento de los organismos de inteligencia y reducir el gasto.
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Del esquema de aumentos quedaron expresamente excluidos el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Alcanzará a ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades superiores del Poder Ejecutivo y funcionarios con rango y jerarquía equivalente.
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El presidente confirmó cuáles serán los primeros dos destinos a los que irá.
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Con la "ley de leyes" promulgada el Gobierno busca blindar su programa económico, con foco en el superávit, una mayor discrecionalidad en la gestión de partidas y un marco más restrictivo para el gasto público, así como también en el empleo estatal y el financiamiento de la educación y la ciencia.
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Por Decreto, avanzó con una nueva reestructuración en el área y le confirió mayor poder a la Secretaría de Inteligencia. Críticas de la oposición.
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