Cristian Ritondo justificó el accionar policial contra los despedidos de PepsiCo al asegurar que "la polícia actúo como tiene que actuar". El ministro de Seguridad bonaerense dijo que se cumplió una orden judicial y que la gobernadora María Eugenia Vidal estuvo todo el tiempo al tanto del operativo de desalojo.

Ritondo tildó de violentos a los trabajadores que reclamaban por la continuidad de sus fuentes de empleo ante la decisión de la empresa de cerrar la fábrica. “Recibieron a los efectivos de seguridad con agresiones, tiraron tachos de pintura de 5 litros. Ahí se ve de donde viene la violencia”, añadió el ministro, quien aseguró que hubo 15 policías heridos.

“Somos el brazo de la Justicia y se actuó acorde a los protocolos porque no había armas letales y se avisó con tiempo para que se desaloje”, dijo el funcionario que al mismo tiempo defendió a los policías que participaron del operativo: "fueron respetuosos con la decisión".

Los trabajadores que defendían sus puestos de trabajo ante la decisión de PepsiCo de cerrar su planta fueron reprimieron violentamente con palos y gases. En defensa del accionar policial, el ministro de Seguridad bonaerense dijo que fueron “hombres y mujeres personalmente, no móviles los que avanzaron” sobre los trabajadores.  “Se avisó pero la resistencia fue a los piedrazos y tirándoles matafuegos”, insistió

Ritondo minimizó aún más la situación de vulnerabilidad que atraviesan los empleados despedidos. “Por lo que tengo entendido, más del 90% ya había negociado con la empresa y había un grupo reducido que estaba tomando la planta”, manifestó. En ese marco agregó: “Este es un tema laboral y no de seguridad.”

Ritondo reveló que Vidal siguió las alternativas de la represión en todo momento. “A la gobernadora son temas que le preocupan, por eso  la tuve al tanto desde las primeras horas, ni bien se dictó la orden de  desalojo”, relató Ritondo. Desde la otra vereda, los trabajadores de la fábrica relataron que la infantería "entró rompiendo todo" con palos y gases lacrimógenos. 

Por su parte, el fiscal  del caso, Gastón Larramendi, justificó su decisión de iniciar la causa por “usurpación” y “despojo ilegal de una propiedad”. “Había advertido que había un alto riesgo ambiental en el lugar”, argumentó y explicó en esa línea que “las oficinas de la fiscalía están en frente de la planta y yo veía que al lado de los tanques abiertos había gente prendiendo fuego gomas”.