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Alejandro Vandenbroele, presunto testaferro de Amado Boudou, se sumó al pedido de Leonardo Fariña y Esteban Pérez Corradi de declarar como arrepentido sobre las causas que se le investigan a cambio de que el Estado los proteja.
El Programa de Protección a Testigos e Imputados, que contempla desde custodia personal hasta cambios de identidad, está dirigido a los testigos e imputados que puedan hacer un aporte trascendente a una investigación judicial sobre narcotráfico, secuestro extorsivo y terrorismo, delitos de lesa humanidad o trata de personas.
El objetivo es que la persona no corra riesgos por sus declaraciones. Para eso, el testigo tiene que mantenerse alejado de la zona de riesgo, respetar las instrucciones y no cometer delitos o contravenciones.
Una vez que la persona declaró, es el propio juez que tomó la indagatoria el que tiene que pedirle al Ministerio de Justicia acogerlo como testigo. Para eso, también tiene que pedirle una opinión a un representante del Ministerio Público.
Por su parte el arrepentido se compromete a cumplir con las medidas que le ordene el Gobierno. En caso de desobedecer, queda automáticamente fuera del programa.
Vandenbroele está imputado en el Caso Ciccone, la asociación ilícita por la que están procesados también Boudou y su socio José María Núñez Carmona; y por el negocio entre la empresa The Old Fund y la provincia de Formosa.
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Por su parte, la institución repudió las declaraciones del ministro de Justicia y el vocero presidencial, calificándolas como “falsas y malintencionadas”.
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