El Tribunal Oral Federal N°2 dictó una pena única de 13 años de prisión contra el ex secretario de Obras Públicas José López, tras unificar las condenas que recibió en la causa Vialidad y en el expediente por enriquecimiento ilícito. La decisión se conoció este viernes luego de que los jueces analizaran el pedido de su defensa y la posición de la fiscalía.

La solicitud presentada por el defensor oficial, Santiago Finn, había planteado reducir la sanción a seis años, pero fue rechazada por los magistrados Gorini, Giménez Uriburu y Basso. Finalmente, el tribunal resolvió en línea con la postura de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes habían reclamado una pena mayor en seis meses a la que se terminó fijando.

En los fundamentos del fallo, los jueces sostuvieron: “Pudimos acreditar y dar por cierta la existencia de un beneficio económico vinculado con el plan criminal, pero que sólo fue en beneficio de dos de las personas condenadas: Lázaro Antonio Báez y Cristina Elisabet Fernández de Kirchner”.

El tribunal también advirtió “la intervención directa y decisiva del imputado en los hechos, el grado de participación, la modalidad de ejecución, la magnitud de los bienes jurídicos afectados y el desprecio demostrado hacia los bienes jurídicos protegidos por la ley penal; todo ello agravado por el rol que desempeñaba como funcionario público”. En el mismo sentido, remarcaron que “los hechos analizados involucran graves supuestos de corrupción cometidos desde la primera línea del Estado Nacional, que los delitos por los que fuera condenado exhiben peligrosidad y que, por si fuera poco, López se ha valido para cometerlos de una variedad de medios”.

Además de la condena a prisión, la resolución ratificó la aplicación de una multa del 60% sobre el valor del enriquecimiento ilícito. También se dispuso la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, la inhabilitación absoluta perpetua y la prohibición de portar y tener armas durante tres años y dos meses.

La situación judicial de López se consolidó a mediados de junio, cuando fue detenido tras la confirmación de la condena en la causa Vialidad, investigación que revisó contrataciones de obras viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015 y que incluyó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Un mes después, el mismo tribunal desestimó el pedido de prisión domiciliaria formulado por su defensa, que había argumentado razones de salud y la condición de arrepentido en la causa Cuadernos.