El juez federal Sergio Torres procesó hoy al exjefe de la AFIP Ricardo Echegaray por negociaciones incompatibles y defraudación a la administración pública en una causa en donde se investigan presuntos sobreprecios en la contratación del servicio de limpieza en la sede del organismo.

El magistrado ordenó también el embargo sobre sus bienes por 15 millones de pesos, según indicó el Centro de Información Judicial (CIJ). El fiscal Federico Delgado había citado a indagatoria al exfuncionario, acusado por la adjudicación de la licitación en 2011 a favor de la empresa Limpiolux S.A., propiedad de Norberto Peluso, en la que se sospecha por el pago de sobreprecios.

Desde 1981, la limpieza del edificio de la AFIP estuvo a cargo de la empresa "Ricardo Bilbao", a la que se pagaba un monto total cercano a los 7 millones y medio de pesos; en tanto que al contratarse la empresa Limpiolux el 18 de enero de 2011, el presupuesto pasó a más de 15 millones de pesos.

Si bien en su defensa la AFIP había justificado la nueva adjudicación en el hecho de que se había respetado el "costo de referencia" de la nueva empresa, el expediente administrativo en cuestión nunca fue encontrado, algo que para los investigadores resulta sospechoso.

En la causa consta un peritaje del experto contador de la Corte Suprema de Justicia, Oscar Fernández, quien aseguró: "No existieron parámetros que explicasen cómo se había establecido el valor de la misma, ni contenía especificaciones respecto a los valores correspondientes a cada uno de los conceptos involucrados en el monto previsto como base para las ofertas".

Fernández también indicó que el costo de referencia mencionado para evaluar el precio de la licitación "no constaba que la AFIP lo hubiese tenido en cuenta" y, además, era confeccionado por la Asociación de Empleados de Limpieza, el cual para esa época era presidida por Peluso, presidente de "Limpiolux S.A".

Por otra causa, la semana pasada el juez Penal Económico Diego Amarante había citado a indagatoria a Echegaray para el próximo 19 de diciembre y le prohibió la salida del país: se trata de un expediente que investiga la importación de autos destinados a diplomáticos extranjeros y por haber autorizado en 2006 como director de la Aduana el ingreso de un vehículo para un representante taiwanés, por lo que está acusado por el presunto delito de "contrabando agravado".